Entendemos por economía sumergida aquella actividad económica que se desarrolla eludiendo el pago de impuestos y en su caso cotizaciones a la Seguridad Social.
Según Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) la economía sumergida asciende en España a 245.000 millones de euros anuales, lo que supone un 23’3% del PIB nacional, esto es, 10 puntos porcentuales por encima de nuestros vecinos europeos, que se sitúan en el 13%.
El informe del Ministerio de Hacienda, elaborado sobre los últimos diez años, alerta de que el crecimiento del fraude fiscal y la caída de la actividad económica lastraron las cuentas tributarias, con un desplome de 27.362 millones de euros hasta noviembre de 2009.
En concreto, las partidas que más escaparon al control del Fisco fueron el IVA y el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación se desplomó un 29,8% y un 23,1%, respectivamente, o lo que es lo mismo, no se declararon más de 19.000 millones de euros (13.677 millones del IVA y 6.007 millones de Impuesto de Sociedades).
Desde Gestha achacaron el impago al Fisco a la crudeza de la crisis y precisaron que las empresas prefieren evadir impuestos porque es “menos difícil” de pagar las posibles sanciones que el impago a empleados y a proveedores.
Así pues, los Técnicos estiman que la ‘laxitud’ fiscal mermó en 71.000 millones de euros las cuentas del Estado en los últimos diez años.
Sobre todo, el fraude se concentró en el sector inmobiliario, donde las operaciones especulativas de compraventa defraudaron cerca de 8.800 millones de euros anuales.
Casi el 96% de las compañías en España tienen una facturación anual de entre 1,8 y 6 millones de euros, por lo que no tienen obligación de pasar una auditoría y les resulta más sencillo escapar a la vigilancia contra el fraude. Otro apartado que ayuda a engordar la economía sumergida son los alquileres de pisos no declarados.
Se calcula que en la actualidad del total de pisos arrendados un 54% están ocultos, lo que supone unas rentas sumergidas de 2.450 millones de euros. Hay que destacar también las cerca de 900.000 personas que trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan "eficaz" de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea, hasta el 13% del PIB, lo que significaría aflorar cerca de 90.000 millones de euros y recaudar “vía impuestos” unos 25.000 millones adicionales.
Por Belén Pillado
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