¿Impotencia, desconfianza, resignación?

Por primera vez un Gobierno de España baja los salarios a los funcionarios

El recorte salarial supone una reducción media del 5% anual y una congelación de los salarios en 2011

La medida aprobada por el Gobierno en el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo es una más de las establecidas por el Ejecutivo para reducir el déficit español. Con su aplicación, los funcionarios han visto disminuido su salario una media del 5% anual desde el pasado mes de junio, mes en el que secundaron una huelga en protesta por el ‘tijeretazo’. ¿Fue representativo el seguimiento de la huelga, fue un fracaso? Las cifras son dispares según la fuente.

El recorte en la nómina no afecta a todos los funcionarios por igual: según su categoría laboral han visto disminuido su sueldo en una horquilla que oscila entre el 0,56% para los trabajadores del grupo E y el 7% para los del grupo A1. Por su parte, los miembros del Gobierno y directores generales, aunque no son funcionarios, se han aplicado una reducción del 15% y 10%, respectivamente. Para los miembros del Consejo de Estado y los órganos superiores de Justicia la bajada ha sido entre el 7% y el 8%. También varía en función de la administración para la presten sus servicios: Central, Autonómica o Local.

Es la primera vez que los empleados públicos españoles han visto recortado su salario “pese a haber reiterado el Gobierno desde el inicio de la crisis que no se tocarían los derechos sociales”, según rtve.es. Argumenta el Ejecutivo que es una medida obligada y que todos los españoles deben arrimar el hombro para ayudar a rebajar el déficit nacional. Aun cuando los funcionarios no habían tenido nunca una bajada de sueldo, sí se les había congelado éste en dos ocasiones anteriores: en 1994, con Felipe González en la presidencia del Gobierno y en 1997, siendo presidente José María Aznar, apunta rtve.es.

Las reacciones a esta medida no se hicieron esperar. Los grupos de la oposición la calificaron de “improvisada, injusta e ineficaz” para sacar a España de la crisis, según el coordinador económico del Partido Popular; añadía que los ciudadanos no “tienen que pagar los errores del Gobierno”, según cincodias.com. Sindicatos de la Administración Pública como CSI-CSIF, SIAT–USO, GESTHA, entre otros, han denunciado que los funcionarios llevan años perdiendo poder adquisitivo.

CC OO, UGT, CGT y CSI-CSIF convocaron a los funcionarios españoles a la huelga el ocho del pasado mes de junio en todos los puntos de la geografía española para protestar por el ‘tijeretazo’ salarial. No es nada inusual que las cifras que apuntan sindicatos y Gobierno difieran. Mientras los agentes sociales arrojaron un seguimiento de la huelga de entre el 70% y el 80% del funcionariado, fuentes oficiales lo establecieron en torno al 15%. A pesar de las cifras que señalaron los sindicatos, los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, se lamentaron porque los servicios mínimos habían funcionado muy bien y la visibilidad de la huelga se visualizaría por éstos, según el diario digital intereconomía.com.

¿Realmente fue tan escaso el seguimiento de la huelga como apuntaron fuentes oficiales? De ser así, ¿por qué fue tan poco secundada por los trabajadores de la Función Pública cuando estaba en juego la defensa de sus intereses? ¿Estaban éstos dispuestos a sufrir en su nómina el descuento adicional de un día de trabajo para manifestar su protesta contra la medida, sabiendo que el Gobierno no derogaría el citado Real Decreto Ley? ¿Se muestran conformes con la disminución de su salario para colaborar con el Gobierno en la reducción del déficit español? ¿Confían los funcionarios en los sindicatos para defender sus derechos?

Declaraciones de algunos empleados públicos ante el ‘tijeretazo’ y ante la pasada convocatoria de huelga en contra del mismo pueden ser la clave para resolver las cuestiones respecto al fracaso de la huelga. “No es precisamente en los sueldos de los funcionarios de la Administración Central donde se descuadran las cuentas del Estado; no parece una buena medida”, apunta un funcionario de la AEAT de Móstoles. “Según mis ideas políticas, aunque es una medida antipopular, es necesaria; se ha tomado también en otros países de Europa como Francia y Alemania”, opina otra funcionaria del mismo centro de trabajo. “No estoy dispuesta a que los sindicatos me manipulen”, afirma otra funcionaria de la AEAT.

Por Mª Ángeles Romero Cascales