La crisis económica actual y la gestión que se está llevando a cabo de la misma han suscitado un amplio debate sobre las diferentes lecturas que de este asunto se pueden extraer. Muchas son las interpretaciones que se hacen sobre los orígenes de esta crisis, al igual que también existe gran diversidad de opinión sobre el cómo se puede poner fin a la misma. En este artículo se tratará de abordar de manera breve una posible alternativa desde un punto de vista de la economía heterodoxa. Éste es sólo un punto de vista, puesto que tanto para la explicación de la crisis como para las posibles salidas o alternativas de política económica existen múltiples enfoques. No obstante, el objetivo de este texto no es abordar todas esas posibles alternativas, sino centrarse en una serie de puntos basándonos en un enfoque crítico de la economía.
Para comenzar, hay que señalar que la crisis surge como consecuencia de un desarrollo del sistema capitalista con unas características particulares. La paulatina financiarización de la economía y la deslocalización productiva, dentro de un periodo de globalización económica, son los elementos principales que durante las últimas décadas -desde la crisis de la década de los 70- han favorecido un contexto en el que se han generado una serie de desequilibrios que han culminado en la crisis actual. La paulatina desregulación financiera también ha jugado un papel importante en la gestación de la crisis financiera de 2007 y su posterior expansión, especialmente por el entramado financiero europeo. Tras 6 años desde que comenzó la crisis, Europa todavía sigue sumida en una grave recesión y el enquistamiento político y la disparidad de intereses de los países miembro de la zona euro no favorecen una solución a corto plazo.
Las posibilidades políticas de implementación de un enfoque alternativo residen en el cuestionamiento del régimen político e institucional actual. El mayor coste de la crisis está recayendo sobre la población de los países periféricos de la eurozona (países deudores) y es por ello que una salida más equitativa a la crisis pasa por el empoderamiento de esta parte deudora dentro del proceso de negociación. Se debe reequilibrar la balanza de una correlación de fuerzas actual que imposibilita la capacidad de acción para desarrollar enfoques alternativos al hegemónico. Tanto la socialdemocracia como la opción conservadora europea forman parte de este entramado político-institucional que posibilita el desarrollo del sistema económico capitalista tal y como lo conocemos. Por lo tanto, es necesaria una reconfiguración de las coordenadas políticas en las que se desenvuelve el contexto europeo actual en busca de un nuevo escenario sobre el que construir una alternativa.
Partiendo de esta premisa, un enfoque alternativo para la salida de la crisis europea podríamos agruparlo en base a cuatro ejes sobre los que actuar:
En primer lugar, una solución de la crisis de deuda europea pasa por la reestructuración de ésta en los países deudores, pues la política seguida hasta ahora de ajuste estructural en estos países con el fin de maximizar el pago de la deuda a los países acreedores acaba siendo contraproducente. Es por ello que una reestructuración de dicha deuda soportada en parte por los acreedores y la emisión de eurobonos (deuda mancomunada) por parte del BCE aliviaría el peso de la deuda en los países periféricos. Para esto hace falta que se produzca un cambio sustancial en la labor que desempeña el BCE, que podría canalizar además (junto al Banco de Inversión Europeo) programas de estímulo en las economías más afectadas por la crisis.
Por otro lado, para financiar programas de gasto que favorezcan la reactivación económica en el caso de España se hace necesaria una reforma estructural como es la del sistema tributario. Esta reforma posibilitaría un aumento en la recaudación a través de impuestos y dotaría al sistema de una mayor equidad. Esto sería posible mediante un aumento de la progresividad del sistema tributario. La diferencia existente entre tipos máximos nominales y efectivos para las grandes empresas es necesario reducirla, por ejemplo, eliminando diversas ventajas fiscales para estas grandes empresas. Además, una mayor dotación de recursos para combatir el fraude fiscal ayudaría a reducir este grave problema. En el caso de España, el fraude fiscal supone un problema de recaudación cuya cifra (dinero que se deja de ingresar) respecto al PIB está bastante por encima de la media de la Unión Europea y cuyos principales responsables son las grandes empresas y las grandes fortunas.
En tercer lugar, en contraposición a las políticas de devaluación interna implementadas en los países periféricos de la Eurozona, un enfoque alternativo pasa por desarrollar una política basada en los aumentos salariales y el incremento de la participación de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital. Aquí se toman como referencia postulados postkeynesianos, como el modelo Bhaduri-Marglin (1990). Partiendo de la valoración de la recesión económica como un problema de demanda en unas economías basadas en el consumo y, por tanto, en los niveles de renta, a corto plazo, una política de rentas encaminada a favorecer aumentos salariales posibilitaría una reactivación del consumo, y a su vez esto desencadenaría un ciclo o espiral positiva de reactivación económica. Esto también rompería con la dicotomía deuda-crecimiento que se venía desarrollando hasta ahora en países como España.
En cuarto lugar, una reforma integral del sistema financiero internacional ayudaría a que no se repitieran los excesos que favorecieron la crisis actual. Esta reforma pasaría por la adopción de diferentes medidas: la implantación de una tasa a las transacciones bancarias que frene la especulación financiera; la segmentación de las actividades del sistema bancario para acabar con la progresiva y creciente concentración bancaria (y el riesgo sistémico que ello conlleva); reforzar los órganos de supervisión tanto a nivel nacional como internacional; y un mayor control de capitales con el fin de evitar flujos de capitales que migren hacia escenarios más desregulados.
Por último, a modo de reflexión, también cabe preguntarse acerca de las posibilidades de supervivencia de un sistema económico y social capitalista en un mundo con unas capacidades finitas. La lógica productivista del crecimiento sin límites ha deteriorado ya en gran medida los recursos de los que disponemos en el planeta, y amenaza con dilapidar a lo largo de este siglo elementos fundamentales para la supervivencia tanto del ser humano como del resto de organismos que habitan la biosfera. Debemos tener claro que el sistema económico no deja de ser un subsistema englobado en otro superior que es la biosfera, y a cuyo mantenimiento debemos subyugar todo lo demás. A su vez, esta crisis económica ha adoptado multitud de formas, derivando en una crisis política y social, donde se está poniendo en cuestión la viabilidad de unas democracias que en última instancia responden a los intereses de unas minorías elitistas en detrimento de la voluntad de las mayorías sociales.
Por Mario Rísquez Ramos
martes, 3 de septiembre de 2013
lunes, 3 de junio de 2013
Deuda pública y desempleo
La última Encuesta de Población Activa muestra que en España la tasa de desempleo es del 27,16%, con un total de 6. 202.700 parados. En efecto, las tasas de paro de Alemania (5,4%) o de Estados Unidos (7,6%)se pueden considerar ejemplares en comparación con la española. ¿Esto se debe a que tenemos una deuda pública mucho mayor que estos países?¿realmente, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Los datos nos dan la respuesta: La deuda pública de España respecto a su PIB es del 84,2 %, apenas un 3% más que la de Alemania con un 81,9% y mucho inferior que la de Japón del 237,92% y la de Estados Unidos del 106,53%.
De este modo, según estos datos, no siempre los países con más deuda pública son los que más número de desempleados tienen, España, por ejemplo, es uno de los países desarrollados con mayor número de parados, sin embargo, su deuda pública es mucho menor que la de países ejemplares, como, Estados Unidos o Japón. Por lo tanto, se puede apreciar que estas dos variantes: deuda pública y desempleo no tienen porque estar relacionadas entre sí.
En un momento en el que se propugna la austeridad la conexión entre deuda pública y desempleo puede ser interesada. Un ejemplo, es la teoría de Reinhart y Rogoff, este último ex economista del Fondo Monetario Internacional, que expone que los Estados que tienen una deuda que oscila entre el 60 y el 90% del PIB crecían anualmente un 3% y los que superaban el 90% retrocedían un 0,1%. Los datos demuestran que esta teoría no se cumple en la práctica, sin embargo, basandose en ella, la zona euro, da prioridad a la reducción del déficit y se aleja de la política de expansión por la vía de la Inversión Pública. “Creo firmemente en investigaciones como las de Rogoff y Reinhart, que demuestran que, si alcanzas un determinado nivel de deuda pública, aumentar el déficit y la deuda no generan crecimiento, sino que lo dañan”, decía el pasado octubre el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble.
A principios de año, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin, profesores de la Universidad de Massachuset revelaban que Reinhart y Rogoff habían omitido información, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda analizan los datos de 1951 donde su deuda supera el 90% y su PIB cae, pero, no analizan los datos que van desde el 1946 al 1949 en los que también pasó el umbral del 90% de deuda en relación al PIB y este aumentó.
Por Desirée Panadero Mora
martes, 7 de mayo de 2013
La “moda” de los paraísos fiscales
Los paraísos fiscales aparecen cada vez con más frecuencia en los
medios de comunicación. Diariamente nos encontramos en los periódicos o en la
televisión con noticias en las que se habla de personajes conocidos que tienen
sus cuentas en otros países pero, ¿qué es exactamente un paraíso fiscal?
Un paraíso fiscal
es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que
mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio.
Típicamente conviven dos sistemas fiscales diferentes. Mientras que los
ciudadanos y empresas residentes en el propio país están obligados al pago de
sus impuestos como en cualquier otro lugar del mundo, los extranjeros gozan en
la mayoría de los casos de una extensión total, o al menos de una reducción
considerable de los impuestos que deben pagar. Esto es así siempre y cuando no
realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal.
Los estados que
aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen con la intención de atraer
divisas extranjeras para fortalecer su economía. Normalmente se trata de
pequeños países que cuentan con pocos recursos naturales o industriales.
Difícilmente podrían subsistir de no ser por la boyante industria financiera
que crece a la sombra de capitales extranjeros.
Una de las
informaciones sobre paraísos fiscales que ha salido últimamente a la luz y que
más revuelo ha causado es la que tiene que ver con el ex ministro francés de
Hacienda y Presupuestos, Jerôme Cahuzac. El político francés dimitió a mediados
de marzo tras confesar la existencia de una cuenta bancaria en el extranjero no
declarada con unos 600.000 euros. El político está imputado por blanqueo y
fraude fiscal. Cahuzac trabajó como consultor para la industria farmaceútica
después de hacerlo como consejero técnico del ministerio de Sanidad a finales
de los ochenta. La cuenta fue abierta en Suiza y después transferida en 2009 a
Singapur. Su abogado Jean Veil calcula que la suma blanqueada rondaría los
30.000 euros.
El diario digital
Mediapart reveló la información a finales del año pasado, pero el ex ministro
negó estas acciones de las que se les acusaba, consiguiendo además el apoyo del
presidente francés François Hollande.
Pero Cahuzac no
es el único político que guardaba cuentas en un paraíso fiscal. Otro de los
casos más oídos y que nos resulta más cercano es el del ex tesorero del Partido
Popular. Luis Bárcenas ha dispuesto de una cuenta en Suiza que entre los años
2005 y 2009 llegó a tener unos 15 millones de euros, y que en uno de esos
ejercicios, a finales de 2007, alcanzó incluso los 22 millones. Luis Bárcenas
dimitió como tesorero y senador en abril de 2010.
Los expertos
coinciden en que la actividad en las jurisdicciones opacas ha crecido pese al
esfuerzo de las instituciones internacionales para acabar con ellas. Una
reciente investigación divulgada por el Consorcio Internacional de periodistas
de Investigación ha revelado que 130.000 políticos y empresarios de todo el
mundo utilizan paraísos fiscales para hacer sus negocios y esconder su dinero.
Por Lucía Palma Escobares
lunes, 1 de abril de 2013
Procedimiento concursal
Debido a la crisis financiera por la que está pasando
España muchas empresas han tenido que echar el cierre a sus negocios por no
poder hacer frente a las deudas. Según datos de la Estadística del
Procedimiento Concursal, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en
el primer semestre del año aumentó el número de empresas que se declararon en
concurso de acreedores llegando, así, a las 1809 empresas. Este aumento supone
un 5.9% respecto al mismo periódico del año anterior.
En cuanto al número de empresas
concursadas según su tramo de volumen de negocio, el 60% pertenece al tramo más
bajo de volumen, el cual supone un volumen de menos de dos millones de euros.
La mayoría de estas sociedades son de Responsabilidad Limitada.
La empresa se
declara en quiebra en el momento en el que no puede hacer frente a sus deudas
tanto comerciales como laborales. Posteriormente, es declarada por un juez en
situación de quiebra. Una vez declarada esta situación, la empresa deja de ser
propiedad del administrador de la empresa pasando, legalmente, a manos del
Sindico. Sindico es el ente profesional encargado de la Fiscalía Nacional de
Quiebras, y que es nombrado por el juez que declaró la quiebra de la empresa.
A partir de este
momento, la empresa empieza un proceso de liquidación para poder pagar sus
deudas.
La empresa está
obligada a advertir a sus empleados de que se encuentra en quiebra cuando no
posee suficiente dinero para hacer frente a sus obligaciones de pago con
proveedores, bancos o sus propios trabajadores. Una vez la empresa ha sido
declarada en quiebra y los empleados han sido despedidos, las
prestaciones que la empresa debe a sus empleados, estos deben de reclamar sus
remuneraciones atrasadas a la administración del Síndico. Dicha administración
dará por terminados los contratos de trabajo de los empleados. En cambio, si la
quiebra de la empresa es parcial, el Sindico mantendrá dichos contratos hasta
que la empresa vuelva a su actividad habitual.
Para obtener
mayores beneficios en la venta de la empresa, para hacer frente a todas sus
deudas, el Sindico toma la medida de “Declaración de unidad económica”. Dicha
medida es proponer a la junta de acreedores vender los bienes de la empresa
como un todo, es decir, es su conjunto, sin desmantelar la empresa, siendo
así el valor de la empresa superior. La junta de acreedores es una
asamblea de acreedores de la empresa que gozan de voz y voto en las reuniones,
tanto ordinarias como extraordinarias, que el Sindico convoque, pudiendo
decidir sobre el proceso de liquidación y administración de los bienes de la
empresa.
En el caso que la
empresa sea vendida en su totalidad, el vendedor tendrá la opción de asumir las
obligaciones de los trabajadores, tanto sueldo como contrato, o dejar al
Sindico que siga con sus liquidaciones de contratos. En cuanto a las
liquidaciones que el Sindico debe realizar a los trabajadores, estas serán las
mismas que hubiera pagado el empresario. Estas indemnizaciones serán en
conformidad al artículo 61 del Código de Trabajo , no teniendo ningún trato
especial porque el despido sea con motivo de quiebra. Finalmente, las
negociaciones que la empresa iniciara en momentos previos a su quiebra serán
resueltas por el Tribunal. Estas negociaciones no podrán prosperar por falta de
una de las partes de la negociación.
Por María Ángeles Ramírez Martos
domingo, 24 de marzo de 2013
¿Qué es la famosa prima de riesgo?
Cada día, desde hace varios
meses, los medios anuncian que la prima de riesgo se mantiene en la cuerda
floja, a unos niveles que asustan al miedo. Esto mantiene enganchados a los interesados
por la situación económica de su país, que persiguen con atención las noticias
sobre este fenómeno, fenómeno que a muchos alarma, pero que pocos realmente
entienden. Y es que, mucha culpa la tienen los medios de comunicación, que
dedican sus esfuerzos a desviarse de su objetivo principal, informar, para
poner en alerta continua a los españoles. Les atormentan hablándoles de la
subida de un índice que depende de muchos factores, y que, no es necesariamente
la causa principal, ni de la que depende exclusivamente la crisis económica que
acusamos desde 2007.
La prima de riesgo o spread es el diferencial de deuda que
paga un país para financiarse en los mercados, en comparación con otros países.
De manera que, cuanto mayor es el riesgo
del país para devolver el dinero prestado, más alta será su prima de riesgo y
más alto será el tipo de interés de su deuda. En otras palabras, es la
rentabilidad que exigen los inversores (TIR) a un país para comprar su deuda
soberana en comparación con la que exigen a otros países. Por lo tanto, la
prima de riesgo mide la confianza de los inversores en la solidez de una
economía. En la Unión Europea, para hallar este índice comparativo, se comparan
las rentabilidades o tipos de interés de los países con respecto al mercado
Alemán, el cual se supone la deuda pública con menor riesgo impago, ya que este
es igual a 0.
España, para financiarse,
necesita emitir bonos a 10 años. Estos son unos títulos que pone en venta el
Estado Español en el mercado internacional. Los inversores que estén dispuestos
a comprar estos bonos, exigirán un interés a cambio (al igual que hacen los
bancos), y este interés, dependiendo de si es más alto o más bajo, endeudará
más o menos al país en cuestión que vende los bonos, y, a su vez, generará
mayor o menor grado de confianza en los inversores del mercado. Esta confianza
está ligada al tema que nos ocupa, la prima de riesgo, pues la diferencia entre
el tipo de interés al que se compran los bonos españoles respecto de los
alemanes, nos dará como resultado la prima de riesgo del Estado Español. Así, a
mayor prima de riesgo, menor confianza en el mercado de inversores, y, por
tanto, menor inversión en deuda pública Española. Lo que se traduce en menos
financiación o una obtención de esta a un precio demasiado caro. Pero, el dato
más importante es que esta prima de riesgo se da en los mercados secundarios,
es decir en la especulación de la deuda pública, que vulgarmente podría
entenderse como el mercado legal donde se revenden los bonos soberanos.
Muchos son los expertos en
economía que opinan que uno de los mayores problemas de la crisis ha sido la
falta de regulación de estos mercados, junto con otros factores. Pero lo cierto
es que nuestra prima de riesgo se ha relajado llegando en la actualidad a los
341 puntos básicos. Todo ello gracias a las últimas inyecciones que están
haciendo los bancos centrales. El último dato es la importante intervención que
ha realizado el Banco Central Europeo, que ha subastado 500 mil millones a un
interés muy asequible y con un plazo de devolución bastante cómodo, a tres
años. Tiempo de cortesía para que los bancos puedan operar y financiar a otras
empresas con tranquilidad, recuperándose de la delicada situación en la que se
encuentran.
sábado, 23 de febrero de 2013
¿Por qué es necesaria la reforma laboral?
España y desempleo son dos sustantivos que suelen ir de la mano. El
desempleo estructural en España ha sido excesivamente alto desde 1980. Es fácil
ver la tasa de paro española a menudo por encima del 15% pero, además, cada vez
que el ciclo económico es recesivo, o simplemente deja de ser expansivo, la
tasa de paro se dispara. En varias ocasiones el desempleo ha llegado a alcanzar
tasas superiores al 20%. El pico de la
tasa de paro llegó en el primer trimestre de 1994 con un 24,55% y casi
4.000.000 de parados. A partir de ese momento comenzó un ciclo expansivo
de la economía, acompañado de un descenso continuo del desempleo, que cayó en 2007 hasta el 8,3% de la población
activa y 1.760.000 parados. En la actualidad, con la crisis que estalló
en ese mismo año, volvemos a encontrarnos con unos números desastrosos y la
tasa de paro está en el 22,85%, una cifra muy cercana al pico alcanzado en
1994.
Estas grandes oscilaciones y el alto porcentaje de paro estructural se pueden
explicar, en parte, por las rigideces internas del mercado laboral español,
además de otros factores, como la imposibilidad
de reducir los costes laborales cuando el contexto económico se
presenta negativo para las empresas. Ésta es una de las principales causas del
aumento de la tasa de paro. Otros aspectos que han lastrado la creación de
empleo y el crecimiento de las empresas han sido las elevadas prestaciones por desempleo, la ampliación en el
tiempo de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, eliminado la
posibilidad realizar ajustes vía salarios, y las enormes diferencias entre los trabajadores
indefinidos y los temporales.
La actual reforma laboral busca
mejorar varios de estos aspectos. Las medidas tomadas son, sin duda, un claro recorte de los derechos de los
trabajadores. Pero con la política monetaria en manos del BCE, de
modo que la devaluación de la moneda queda descartada, no hay otra forma a
corto plazo de conseguir reanimar la creación de empleo e intentar que las
empresas españolas sean más competitivas y ganen cuota de mercado en el interior, pero sobre
todo en el exterior. No cabe duda que es una misión complicada pues países como
India, Vietnam o China están creando cada vez mejores bienes y servicios a
precios reducidos. Pero las duras medidas que se proponen en la reforma laboral
son la única forma de, al menos intentar, competir con el exterior. Hemos
comprobado que con el marco
laboral anterior las cosas no han funcionado, a largo plazo podremos
observar los resultados de este nuevo marco y decidir si es eficiente o si hay
que volver a modificarlo.
El despido, como en la gran mayoría de las reformas laborales, ha sido el asunto que
mayor controversia ha creado, y no por ello es la parte más importante de la
reforma pero sí la más llamativa para todos los trabajadores. La indemnización
por despido objetivo queda reducida a 20 días por año trabajado y un máximo de
12 mensualidades, mientras que el despido improcedente queda en 33 días con un
máximo de 24 mensualidades. Se
podrá hacer uso del despido objetivo cuando la disminución persistente del
nivel de ingresos de la empresa se produzca durante tres trimestres
consecutivos. De este modo se pretende que las compañías puedan realizar
ajustes en sus plantillas con menores costes pero, sobre todo, da la
oportunidad a los gestores de anticipar y tomar medidas antes de que sea
demasiado tarde, pretendiendo esquivar el hundimiento de los resultados y la
quiebra de la empresa. Una reducción de plantilla anticipada y ‘barata’ puede
evitar la desaparición de una empresa y, por ende, de todos sus puestos de
trabajo.
Otra de las causas por las que la competitividad de las empresas españolas
puede ser menor que las de alrededor viene dada por la poca seriedad de algunos
trabajadores, que aprovechaban la exagerada
protección que tenían anteriormente para evitar cumplir con sus
obligaciones. Antes de la reforma laboral de 2012, despedir a un empleado que no
cumplía con sus tareas se convertía en una odisea, por lo que la única vía
rápida era el ‘despido express’ que tenía un coste de 45 días por año trabajado
con un máximo de 42 mensualidades. La cifra final del despido era desorbitada,
por lo que a veces se hacía inviable echar a la calle a ese trabajador
improductivo, evitando a la vez que su puesto lo ocupase otro más preparado,
con ganas de trabajar y que mejoraría la productividad de la empresa. Por lo tanto,
mientras que una persona sin ganas de trabajar estaba con empleo, otra con
mayor formación y deseando encontrar un puesto de trabajo estaba parada.
Además, la reducción de la indemnización por despido ayudará a eliminar la aversión a contratar que tienen
muchos empresarios. Por un lado el gestor contratará sin miedo, puesto
que si el nuevo trabajador no aporta lo esperado podrá ser sustituido o
despedido sin más. Por otra parte, todos los trabajadores se verán obligados
cumplir con sus obligaciones y tareas si quieren continuar en la empresa. Con
este aspecto hay que tener cuidado, porque el despido más barato no puede convertirse en una excusa para explotar al
trabajador o usarlo como amenaza.
Otro de los puntos que considerados clave como he señalado arriba es el
de la flexibilidad interna.
La flexibilidad dentro de la empresa puede ser uno de las medidas que más ayude
e evitar la destrucción masiva de empleo. Se trata simplemente de adecuar los
salarios y las horas de trabajo a la demanda existente, en un momento puntual,
de los bienes y servicios producidos por la empresa. Con este sistema se evitan
los ajustes por cantidad (despidos) a cambio de ajustes por precio (salarios y
horas de trabajo).
Para conseguir esto había que descentralizar la negociación colectiva y que
el convenio de empresa cobrase más importancia. De este modo se acaba con la
ultraactividad de los convenios, es decir, la permanencia de un convenio
desfasado por el no acuerdo de las partes. Si una empresa ve disminuir sus
ingresos durante tres trimestres consecutivos podrá ignorar el resto de
convenios. Por tanto tendrá la
competencia de manipular salarios y reducir jornadas hasta adecuarlas a la
actividad puntual del momento.
También sería importante indexar
parte del salario a los beneficios de la empresa y desligarlos de la inflación para
evitar una espiral inflacionista precios-salarios. Esto es algo que no se
contempla en la reforma laboral, pero que algunas empresas lo aplican ya. Si
una compañía tiene unos resultados satisfactorios es lógico que sus empleados
reciban una parte de ese éxito. Por el contrario, cuando las cosas no van bien
y la empresa no tiene beneficios o incluso entra en pérdidas los asalariados
percibirán el salario base, sin la prima por los beneficios. En España la
empresa francesa dedicada a la venta minorista de material deportivo Decathlon
remunera a sus trabajadores con el siguiente sistema: una parte fija que se
cobra siempre, un 15% de esa cifra fija que se suma si la sección en la que
trabaja el asalariado consigue unos buenos números y un 5% más de la cifra fija
que depende de las ventas de la tienda en su conjunto.
Antes de presentarse el proyecto de la reforma se especulaba con la
aparición del contrato único, una propuesta hecha por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Este contrato pretendería acabar con la
gran desigualdad entre los trabajadores indefinidos o fijos y los temporales o
definidos. Y es que, cada vez que el ciclo económico es recesivo son los
trabajadores temporales los que sufren el mayor impacto, son los elegidos para
salir de la empresa por los mínimos costes de despido que tienen (9 día por año
trabajado). FEDEA propone un
contrato único y fijo cuya indemnización por despido sea creciente,
el primer año la indemnización sería de 12 días de salario y cada año se iría
incrementando esta cifra hasta alcanzar los 36 días a los 12 años en la
empresa. En la reforma laboral no han impuesto este tipo contrato, aún siguen
existiendo varios temporales, aunque es cierto que han reducido esta
desigualdad vía reducción de la indemnización de los trabajadores fijo.
Aunque es cierto que la reforma laboral era necesaria, tiene algún que otro
punto que puede ser mal utilizado por los empresarios, para sacar provecho en
beneficio propio. Como dice Miguel Ángel García (Responsable del Gabinete
Económico de C.C.O.O.) “se abre la posibilidad de que un empresario con amplios
beneficios puede despedir a una
parte de su plantilla por el mero hecho de reducir un 1% los ingresos”.
Por eso es importante tener en cuenta que esta reforma laboral toma las medidas
que son adecuadas para el momento que estamos viviendo ahora y que
desgraciadamente seguiremos viviendo a corto y medio plazo. Pero si en un
futuro las empresas españolas vuelven a ser productivas y competitivas;
reinvierten sus beneficios en tecnología y mejoras varias, en lugar de
distribuirlos; y los grandes beneficios vuelven, el contexto será diferente y
habrá que programar una nueva reforma que se adapte a los nuevos tiempos.
Comercio exterior: China y Japón
Las bodegas españolas se abren paso en
el mercado asiático
Las etiquetas de los vinos
españoles comienzan a escribirse también en caracteres chinos. Y es que el
consumo del gigante asiático continúa creciendo
por encima del PIB lo que unido a su progresiva apertura comercial ha
provocado que el sector vitivinícola ponga sus ojos en él.
España se ha convertido ya en el
quinto exportador de este producto en un país donde su consumo es cada día más
habitual y se considera, de hecho, una bebida de moda asociada a un alto nivel
de vida. Prefieren las variedades tintas,
especialmente Cabernet o Merlot, y miran al detalle el diseño de botellas y
etiquetas, puesto que los colores que más gustan allí son los dorados y rojos.
Criterios a tener en cuenta para aquellos empresarios que apuesten por
desembarcar en el continente asiático; pautas que se suman a la larga lista de
consejos que los expertos en comercio exterior ofrecen para conseguir la
difícil cuadratura del círculo.
China es para el vino un mercado relativamente
reducido, aunque de alto potencial. El 90 por ciento del producto es
elaborado localmente por los grandes embotelladores chinos que compran vino a
granel de Chile, España y otros países. Sin embargo, ese 10 por ciento de cuota
de mercado restante es la que ocupan los vinos embotellados importados, entre
ellos, los españoles. Un segmento importante que presenta “posibilidades reales de crecimiento en los próximos
años, tanto para los importadores líderes como para los recién llegados”,
explica Marisa Flores, directora del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) en
Asia.
Las importaciones de las bodegas españolas han
crecido un 105% en el último año en un mercado altamente competitivo y sólo
apto para aquellas empresas con experiencia exportadora sólida y recursos para
realizar apuestas a largo plazo. El bagaje comercial previo se convierte así en
el primer requisito para introducirse con garantías en el complejo mercado
chino. “Al no responder aún a los patrones de un mercado maduro e informado
sobre precios, variedades y calidades, las empresas que estén pensando iniciar
etapas expansivas de sus negocios no deben contemplar China como primer destino
exportador”, señala Ignacio Mezquita, Consejero Comercial de la Embajada
de España en Pekín.
La aventura asiática debe tomarse
como una carrera de fondo. Desde el Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
apuntan que la clave del éxito pasa, en segundo lugar, por trazar proyectos de
negocio siempre para el medio y largo plazo. “Hay muchos importadores de vino
que fracasan al cabo de tres años de aventura, manteniéndose solo fieles
algunos como Bodegas Torres o Félix
Solís, por su paciencia”, apuntaba Dan Siebers, director de “Summergate Wines”
durante la última edición de la Feria Internacional del Vino (Fenavin), la más
importante del sector en España.
A pesar de que las ventas de los vinos españoles
se concentran en la actualidad en torno a Pekín y Shanghai, los expertos
recomiendan conquistar ciudades más pequeñas, como otra de las herramientas
esenciales para abrirse un hueco en el mercado. “Existen muchas
oportunidades sin explotar en redes de distribución de ciudades secundarias,
pues los importadores no llegan a todos los núcleos e, incluso, dentro de
mercados poco desarrollados en China como el ecológico”, subraya Marisa Flores.
Con todo, exportar vino a China no parece hacienda fácil. De hecho, hay dos
mercados del vino bien diferenciados:
uno visible, el de restaurantes y supermercados, que apenas representa el 2 por
ciento del mercado; y el invisible, que representa una cuota importante pero en
el que resulta muy costoso penetrar, porque está basado en las relaciones
interpersonales: regalos entre empresas, de particulares, etc.
A ello hay que unir en los últimos años los
peligros del mercado de vinos de imitación. Éste está en pleno auge y,
como consecuencia, registra un fuerte incremento del número de productores de
falsificaciones vitivinícolas. Ante esto, el Consejero Comercial de la
Embajada en Pekín reclama la importancia de la marca. “Es necesario conseguir
el reconocimiento nacional, creando una marca para el mercado chino, o explotar
el reconocimiento de una determinada marca internacionalmente”, matiza.
LA EXPERIENCIA JAPONESA
España, durante el pasado año se
convirtió en el cuarto país importador de vino a Japón por volumen, con una
cuota de mercado del 10%. Cifras que reflejan que la imagen de los vinos
españoles ha cambiado y, poco a poco, se está introduciendo con más fuerza en el
mercado japonés, como lo demuestra el crecimiento que han experimentado las
importaciones desde el año 2000.
“Ha habido un crecimiento de la
percepción que los japoneses tienen de España como productor de vino. Vinos de
buena relación calidad-precio, entre 800-1-500 yenes (7y 12 euros), aunque
predominan los vinos baratos de menos de 600 yenes (5euros)”, explica Chieko
Konagaya, analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio.
Los vinos españoles se venden sobre
todo en los supermercados (primer canal de distribución) y en las llamadas
tiendas de descuentos, muy extendidas en el país asiático, que ofrecen botellas
a precios muy asequibles. Frente a ellos, se encuentran los vinos franceses
que, preferentemente se comercializan en tiendas especializadas y predominan en
sus variedades Bordeaux y Bourgogne.
El principal problema que
encuentran aún las bodegas españolas para asentarse en Japón es el bajo precio
de los vinos al existir una fuerte presión a la baja en el precio por parte de
los mayoristas nipones. Por otra parte, se da mucha importancia a las
relaciones humanas y a la fidelidad en las relaciones comerciales, lo que
conlleva a que la toma de decisiones sea lenta.
Para sortear estos inconvenientes, Chieko
Konagaya recomienda a los bodegueros españoles que participen en ferias
sectoriales como Foodex o Spain Gourmet, dirigidas a importadores
especializados en vinos y/o especializados en venta por Internet. Es en éste
último escaparate donde más posibilidades se abren para los empresarios que
quieran vender sus vinos en Japón. De hecho, la comercialización de botellas de
vino por la red ha crecido exponencialmente en los últimos años en ciudades
como Osaka o Tokio.
La analista de mercado de la oficina Económica de la Embajada en Tokio deja un último consejo: innovar permanentemente el producto. "A los japoneses nos gusta cambiar de vino, por eso nuestras compras, salvo excepciones, son en pequeñas cantidades y ante ello, el bodeguero debe introducir siempre pequeños cambios", subraya Chielo Konayaga.
Con todo, las cifras de negocio y
el volumen de exportaciones demuestran que las experiencias comerciales de las
bodegas españolas en China y Japón no sólo son una moda pasajera.
Por David Centellas
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