Salida de la crisis desde un enfoque heterodoxo

La crisis económica actual y la gestión que se está llevando a cabo de la misma han suscitado un amplio debate sobre las diferentes lecturas que de este asunto se pueden extraer. Muchas son las interpretaciones que se hacen sobre los orígenes de esta crisis, al igual que también existe gran diversidad de opinión sobre el cómo se puede poner fin a la misma. En este artículo se tratará de abordar de manera breve una posible alternativa desde un punto de vista de la economía heterodoxa. Éste es sólo un punto de vista, puesto que tanto para la explicación de la crisis como para las posibles salidas o alternativas de política económica existen múltiples enfoques. No obstante, el objetivo de este texto no es abordar todas esas posibles alternativas, sino centrarse en una serie de puntos basándonos en un enfoque crítico de la economía.

Para comenzar, hay que señalar que la crisis surge como consecuencia de un desarrollo del sistema capitalista con unas características particulares. La paulatina financiarización de la economía y la deslocalización productiva, dentro de un periodo de globalización económica, son los elementos principales que durante las últimas décadas -desde la crisis de la década de los 70- han favorecido un contexto en el que se han generado una serie de desequilibrios que han culminado en la crisis actual. La paulatina desregulación financiera también ha jugado un papel importante en la gestación de la crisis financiera de 2007 y su posterior expansión, especialmente por el entramado financiero europeo. Tras 6 años desde que comenzó la crisis, Europa todavía sigue sumida en una grave recesión y el enquistamiento político y la disparidad de intereses de los países miembro de la zona euro no favorecen una solución a corto plazo.

Las posibilidades políticas de implementación de un enfoque alternativo residen en el cuestionamiento del régimen político e institucional actual. El mayor coste de la crisis está recayendo sobre la población de los países periféricos de la eurozona (países deudores) y es por ello que una salida más equitativa a la crisis pasa por el empoderamiento de esta parte deudora dentro del proceso de negociación. Se debe reequilibrar la balanza de una correlación de fuerzas actual que imposibilita la capacidad de acción para desarrollar enfoques alternativos al hegemónico. Tanto la socialdemocracia como la opción conservadora europea forman parte de este entramado político-institucional que posibilita el desarrollo del sistema económico capitalista tal y como lo conocemos. Por lo tanto, es necesaria una reconfiguración de las coordenadas políticas en las que se desenvuelve el contexto europeo actual en busca de un nuevo escenario sobre el que construir una alternativa.

Partiendo de esta premisa, un enfoque alternativo para la salida de la crisis europea podríamos agruparlo en base a cuatro ejes sobre los que actuar:

En primer lugar, una solución de la crisis de deuda europea pasa por la reestructuración de ésta en los países deudores, pues la política seguida hasta ahora de ajuste estructural en estos países con el fin de maximizar el pago de la deuda a los países acreedores acaba siendo contraproducente. Es por ello que una reestructuración de dicha deuda soportada en parte por los acreedores y la emisión de eurobonos (deuda mancomunada) por parte del BCE aliviaría el peso de la deuda en los países periféricos. Para esto hace falta que se produzca un cambio sustancial en la labor que desempeña el BCE, que podría canalizar además (junto al Banco de Inversión Europeo) programas de estímulo en las economías más afectadas por la crisis.

Por otro lado, para financiar programas de gasto que favorezcan la reactivación económica en el caso de España se hace necesaria una reforma estructural como es la del sistema tributario. Esta reforma posibilitaría un aumento en la recaudación a través de impuestos y dotaría al sistema de una mayor equidad. Esto sería posible mediante un aumento de la progresividad del sistema tributario. La diferencia existente entre tipos máximos nominales y efectivos para las grandes empresas es necesario reducirla, por ejemplo, eliminando diversas ventajas fiscales para estas grandes empresas. Además, una mayor dotación de recursos para combatir el fraude fiscal ayudaría a reducir este grave problema. En el caso de España, el fraude fiscal supone un problema de recaudación cuya cifra (dinero que se deja de ingresar) respecto al PIB está bastante por encima de la media de la Unión Europea y cuyos principales responsables son las grandes empresas y las grandes fortunas.

En tercer lugar, en contraposición a las políticas de devaluación interna implementadas en los países periféricos de la Eurozona, un enfoque alternativo pasa por desarrollar una política basada en los aumentos salariales y el incremento de la participación de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital. Aquí se toman como referencia postulados postkeynesianos, como el modelo Bhaduri-Marglin (1990). Partiendo de la valoración de la recesión económica como un problema de demanda en unas economías basadas en el consumo y, por tanto, en los niveles de renta, a corto plazo, una política de rentas encaminada a favorecer aumentos salariales posibilitaría una reactivación del consumo, y a su vez esto desencadenaría un ciclo o espiral positiva de reactivación económica. Esto también rompería con la dicotomía deuda-crecimiento que se venía desarrollando hasta ahora en países como España.

En cuarto lugar, una reforma integral del sistema financiero internacional ayudaría a que no se repitieran los excesos que favorecieron la crisis actual. Esta reforma pasaría por la adopción de diferentes medidas: la implantación de una tasa a las transacciones bancarias que frene la especulación financiera; la segmentación de las actividades del sistema bancario para acabar con la progresiva y creciente concentración bancaria (y el riesgo sistémico que ello conlleva); reforzar los órganos de supervisión tanto a nivel nacional como internacional; y un mayor control de capitales con el fin de evitar flujos de capitales que migren hacia escenarios más desregulados.

Por último, a modo de reflexión, también cabe preguntarse acerca de las posibilidades de supervivencia de un sistema económico y social capitalista en un mundo con unas capacidades finitas. La lógica productivista del crecimiento sin límites ha deteriorado ya en gran medida los recursos de los que disponemos en el planeta, y amenaza con dilapidar a lo largo de este siglo elementos fundamentales para la supervivencia tanto del ser humano como del resto de organismos que habitan la biosfera. Debemos tener claro que el sistema económico no deja de ser un subsistema englobado en otro superior que es la biosfera, y a cuyo mantenimiento debemos subyugar todo lo demás. A su vez, esta crisis económica ha adoptado multitud de formas, derivando en una crisis política y social, donde se está poniendo en cuestión la viabilidad de unas democracias que en última instancia responden a los intereses de unas minorías elitistas en detrimento de la voluntad de las mayorías sociales.


Por Mario Rísquez Ramos

Deuda pública y desempleo

La última Encuesta de Población Activa muestra que en España la tasa de desempleo es del 27,16%, con un total de 6. 202.700 parados. En efecto, las tasas de paro de Alemania (5,4%) o de Estados Unidos (7,6%)se pueden considerar ejemplares en comparación con la española. ¿Esto se debe a que tenemos una deuda pública mucho mayor que estos países?¿realmente, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Los datos nos dan la respuesta: La deuda pública de España respecto a su PIB es del 84,2 %, apenas un 3% más que la de Alemania con un 81,9% y mucho inferior que la de Japón del 237,92% y la de Estados Unidos del 106,53%.

 De este modo, según estos datos, no siempre los países con más deuda pública son los que más número de desempleados tienen, España, por ejemplo, es uno de los países desarrollados con mayor número de parados, sin embargo, su deuda pública es mucho menor que la de países ejemplares, como, Estados Unidos o Japón. Por lo tanto, se puede apreciar que estas dos variantes: deuda pública y desempleo no tienen porque estar relacionadas entre sí.

 En un momento en el que se propugna la austeridad la conexión entre deuda pública y desempleo puede ser interesada. Un ejemplo, es la teoría de Reinhart y Rogoff, este último ex economista del Fondo Monetario Internacional,  que expone que los Estados que tienen una deuda que oscila entre el 60 y el 90% del PIB crecían anualmente un 3% y los que superaban el 90% retrocedían un 0,1%. Los datos demuestran que esta teoría no se cumple en la práctica, sin embargo, basandose en ella,  la zona euro, da prioridad a la reducción del déficit y se aleja de la política de expansión por la vía de la Inversión Pública.  “Creo firmemente en investigaciones como las de Rogoff y Reinhart, que demuestran que, si alcanzas un determinado nivel de deuda pública, aumentar el déficit y la deuda no generan crecimiento, sino que lo dañan”, decía  el pasado octubre el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble.

 A principios de año, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin, profesores de la Universidad de Massachuset revelaban que Reinhart y Rogoff  habían omitido información, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda analizan los datos de 1951 donde su deuda supera el 90%  y su PIB cae, pero, no analizan los datos que van desde el 1946 al 1949 en los que también pasó el umbral del 90% de deuda en relación al PIB y este aumentó.

Por Desirée Panadero Mora

La “moda” de los paraísos fiscales

Los paraísos fiscales aparecen cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación. Diariamente nos encontramos en los periódicos o en la televisión con noticias en las que se habla de personajes conocidos que tienen sus cuentas en otros países pero, ¿qué es exactamente un paraíso fiscal?

            Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Típicamente conviven dos sistemas fiscales diferentes. Mientras que los ciudadanos y empresas residentes en el propio país están obligados al pago de sus impuestos como en cualquier otro lugar del mundo, los extranjeros gozan en la mayoría de los casos de una extensión total, o al menos de una reducción considerable de los impuestos que deben pagar. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal.

            Los estados que aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen con la intención de atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía. Normalmente se trata de pequeños países que cuentan con pocos recursos naturales o industriales. Difícilmente podrían subsistir de no ser por la boyante industria financiera que crece a la sombra de capitales extranjeros.

            Una de las informaciones sobre paraísos fiscales que ha salido últimamente a la luz y que más revuelo ha causado es la que tiene que ver con el ex ministro francés de Hacienda y Presupuestos, Jerôme Cahuzac. El político francés dimitió a mediados de marzo tras confesar la existencia de una cuenta bancaria en el extranjero no declarada con unos 600.000 euros. El político está imputado por blanqueo y fraude fiscal. Cahuzac trabajó como consultor para la industria farmaceútica después de hacerlo como consejero técnico del ministerio de Sanidad a finales de los ochenta. La cuenta fue abierta en Suiza y después transferida en 2009 a Singapur. Su abogado Jean Veil calcula que la suma blanqueada rondaría los 30.000 euros.

            El diario digital Mediapart reveló la información a finales del año pasado, pero el ex ministro negó estas acciones de las que se les acusaba, consiguiendo además el apoyo del presidente francés François Hollande.

            Pero Cahuzac no es el único político que guardaba cuentas en un paraíso fiscal. Otro de los casos más oídos y que nos resulta más cercano es el del ex tesorero del Partido Popular. Luis Bárcenas ha dispuesto de una cuenta en Suiza que entre los años 2005 y 2009 llegó a tener unos 15 millones de euros, y que en uno de esos ejercicios, a finales de 2007, alcanzó incluso los 22 millones. Luis Bárcenas dimitió como tesorero y senador en abril de 2010.

            Los expertos coinciden en que la actividad en las jurisdicciones opacas ha crecido pese al esfuerzo de las instituciones internacionales para acabar con ellas. Una reciente investigación divulgada por el Consorcio Internacional de periodistas de Investigación ha revelado que 130.000 políticos y empresarios de todo el mundo utilizan paraísos fiscales para hacer sus negocios y esconder su dinero.

Por Lucía Palma Escobares 

Procedimiento concursal

Debido a la crisis financiera por la que está pasando España muchas empresas han tenido que echar el cierre a sus negocios por no poder hacer frente a las deudas. Según datos de la Estadística del Procedimiento Concursal, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre del año aumentó el número de empresas que se declararon en concurso de acreedores llegando, así, a las 1809 empresas. Este aumento supone un 5.9% respecto al mismo periódico del año anterior. 

En cuanto al número de empresas concursadas según su tramo de volumen de negocio, el 60% pertenece al tramo más bajo de volumen, el cual supone un volumen de menos de dos millones de euros. La mayoría de estas sociedades son de Responsabilidad Limitada.

  La empresa se declara en quiebra en el momento en el que no puede hacer frente a sus deudas tanto comerciales como laborales. Posteriormente, es declarada por un juez en situación de quiebra. Una vez declarada esta situación, la empresa deja de ser propiedad del administrador de la empresa pasando, legalmente, a manos del Sindico. Sindico es el ente profesional encargado de la Fiscalía Nacional de Quiebras, y que es nombrado por el juez que declaró la quiebra de la empresa.

A partir de este momento, la empresa empieza un proceso de liquidación para poder pagar sus deudas. 

La empresa está obligada a advertir a sus empleados de que se encuentra en quiebra cuando no posee suficiente dinero para hacer frente a sus obligaciones de pago con proveedores, bancos o sus propios trabajadores. Una vez la empresa ha sido declarada en quiebra  y los empleados han sido despedidos, las prestaciones que la empresa debe a sus empleados, estos deben de reclamar sus remuneraciones atrasadas a la administración del Síndico. Dicha administración dará por terminados los contratos de trabajo de los empleados. En cambio, si la quiebra de la empresa es parcial, el Sindico mantendrá dichos contratos hasta que la empresa vuelva a su actividad habitual.

Para obtener mayores beneficios en la venta de la empresa, para hacer frente a todas sus deudas, el Sindico toma la medida de “Declaración de unidad económica”. Dicha medida es proponer a la junta de acreedores vender los bienes de la empresa como un todo, es decir, es su conjunto, sin desmantelar la empresa, siendo así  el valor de la empresa superior. La junta de acreedores es una asamblea de acreedores de la empresa que gozan de voz y voto en las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, que el Sindico convoque, pudiendo decidir sobre el proceso de liquidación y administración de los bienes de la empresa.

En el caso que la empresa sea vendida en su totalidad, el vendedor tendrá la opción de asumir las obligaciones de los trabajadores, tanto sueldo como contrato, o dejar al Sindico que siga con sus liquidaciones de contratos. En cuanto a las liquidaciones que el Sindico debe realizar a los trabajadores, estas serán las mismas que hubiera pagado el empresario. Estas indemnizaciones serán en conformidad al artículo 61 del Código de Trabajo , no teniendo ningún trato especial porque el despido sea con motivo de quiebra. Finalmente, las negociaciones que la empresa iniciara en momentos previos a su quiebra serán resueltas por el Tribunal. Estas negociaciones no podrán prosperar por falta de una de las partes de la negociación.  

Por María Ángeles Ramírez Martos

¿Qué es la famosa prima de riesgo?

Cada día, desde hace varios meses, los medios anuncian que la prima de riesgo se mantiene en la cuerda floja, a unos niveles que asustan al miedo. Esto mantiene enganchados a los interesados por la situación económica de su país, que persiguen con atención las noticias sobre este fenómeno, fenómeno que a muchos alarma, pero que pocos realmente entienden. Y es que, mucha culpa la tienen los medios de comunicación, que dedican sus esfuerzos a desviarse de su objetivo principal, informar, para poner en alerta continua a los españoles. Les atormentan hablándoles de la subida de un índice que depende de muchos factores, y que, no es necesariamente la causa principal, ni de la que depende exclusivamente la crisis económica que acusamos desde 2007.

La prima de riesgo o spread es el diferencial de deuda que paga un país para financiarse en los mercados, en comparación con otros países.  De manera que, cuanto mayor es el riesgo del país para devolver el dinero prestado, más alta será su prima de riesgo y más alto será el tipo de interés de su deuda. En otras palabras, es la rentabilidad que exigen los inversores (TIR) a un país para comprar su deuda soberana en comparación con la que exigen a otros países. Por lo tanto, la prima de riesgo mide la confianza de los inversores en la solidez de una economía. En la Unión Europea, para hallar este índice comparativo, se comparan las rentabilidades o tipos de interés de los países con respecto al mercado Alemán, el cual se supone la deuda pública con menor riesgo impago, ya que este es  igual a 0.

España, para financiarse, necesita emitir bonos a 10 años. Estos son unos títulos que pone en venta el Estado Español en el mercado internacional. Los inversores que estén dispuestos a comprar estos bonos, exigirán un interés a cambio (al igual que hacen los bancos), y este interés, dependiendo de si es más alto o más bajo, endeudará más o menos al país en cuestión que vende los bonos, y, a su vez, generará mayor o menor grado de confianza en los inversores del mercado. Esta confianza está ligada al tema que nos ocupa, la prima de riesgo, pues la diferencia entre el tipo de interés al que se compran los bonos españoles respecto de los alemanes, nos dará como resultado la prima de riesgo del Estado Español. Así, a mayor prima de riesgo, menor confianza en el mercado de inversores, y, por tanto, menor inversión en deuda pública Española. Lo que se traduce en menos financiación o una obtención de esta a un precio demasiado caro. Pero, el dato más importante es que esta prima de riesgo se da en los mercados secundarios, es decir en la especulación de la deuda pública, que vulgarmente podría entenderse como el mercado legal donde se revenden los bonos soberanos.

Muchos son los expertos en economía que opinan que uno de los mayores problemas de la crisis ha sido la falta de regulación de estos mercados, junto con otros factores. Pero lo cierto es que nuestra prima de riesgo se ha relajado llegando en la actualidad a los 341 puntos básicos. Todo ello gracias a las últimas inyecciones que están haciendo los bancos centrales. El último dato es la importante intervención que ha realizado el Banco Central Europeo, que ha subastado 500 mil millones a un interés muy asequible y con un plazo de devolución bastante cómodo, a tres años. Tiempo de cortesía para que los bancos puedan operar y financiar a otras empresas con tranquilidad, recuperándose de la delicada situación en la que se encuentran.

 Por Alicia Jiménez

¿Por qué es necesaria la reforma laboral?

España y desempleo son dos sustantivos que suelen ir de la mano. El desempleo estructural en España ha sido excesivamente alto desde 1980. Es fácil ver la tasa de paro española a menudo por encima del 15% pero, además, cada vez que el ciclo económico es recesivo, o simplemente deja de ser expansivo, la tasa de paro se dispara. En varias ocasiones el desempleo ha llegado a alcanzar tasas superiores al 20%. El pico de la tasa de paro llegó en el primer trimestre de 1994 con un 24,55% y casi 4.000.000 de parados. A partir de ese momento comenzó un ciclo expansivo de la economía, acompañado de un descenso continuo del desempleo, que cayó en 2007 hasta el 8,3% de la población activa y 1.760.000 parados. En la actualidad, con la crisis que estalló en ese mismo año, volvemos a encontrarnos con unos números desastrosos y la tasa de paro está en el 22,85%, una cifra muy cercana al pico alcanzado en 1994.

Estas grandes oscilaciones y el alto porcentaje de paro estructural se pueden explicar, en parte, por las rigideces internas del mercado laboral español, además de otros factores, como la imposibilidad de reducir los costes laborales cuando el contexto económico se presenta negativo para las empresas. Ésta es una de las principales causas del aumento de la tasa de paro. Otros aspectos que han lastrado la creación de empleo y el crecimiento de las empresas han sido las elevadas prestaciones por desempleo, la ampliación en el tiempo de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva, eliminado la posibilidad realizar ajustes vía salarios, y las enormes diferencias entre los trabajadores indefinidos y los temporales.

La actual reforma laboral busca mejorar varios de estos aspectos. Las medidas tomadas son, sin duda, un claro recorte de los derechos de los trabajadores. Pero con la política monetaria en manos del BCE, de modo que la devaluación de la moneda queda descartada, no hay otra forma a corto plazo de conseguir reanimar la creación de empleo e intentar que las empresas españolas sean más competitivas y ganen cuota de mercado en el interior, pero sobre todo en el exterior. No cabe duda que es una misión complicada pues países como India, Vietnam o China están creando cada vez mejores bienes y servicios a precios reducidos. Pero las duras medidas que se proponen en la reforma laboral son la única forma de, al menos intentar, competir con el exterior. Hemos comprobado que con el marco laboral anterior las cosas no han funcionado, a largo plazo podremos observar los resultados de este nuevo marco y decidir si es eficiente o si hay que volver a modificarlo.

El despido, como en la gran mayoría de las reformas laborales, ha sido el asunto que mayor controversia ha creado, y no por ello es la parte más importante de la reforma pero sí la más llamativa para todos los trabajadores. La indemnización por despido objetivo queda reducida a 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, mientras que el despido improcedente queda en 33 días con un máximo de 24 mensualidades. Se podrá hacer uso del despido objetivo cuando la disminución persistente del nivel de ingresos de la empresa se produzca durante tres trimestres consecutivos. De este modo se pretende que las compañías puedan realizar ajustes en sus plantillas con menores costes pero, sobre todo, da la oportunidad a los gestores de anticipar y tomar medidas antes de que sea demasiado tarde, pretendiendo esquivar el hundimiento de los resultados y la quiebra de la empresa. Una reducción de plantilla anticipada y ‘barata’ puede evitar la desaparición de una empresa y, por ende, de todos sus puestos de trabajo.

Otra de las causas por las que la competitividad de las empresas españolas puede ser menor que las de alrededor viene dada por la poca seriedad de algunos trabajadores, que aprovechaban la exagerada protección que tenían anteriormente para evitar cumplir con sus obligaciones. Antes de la reforma laboral de 2012, despedir a un empleado que no cumplía con sus tareas se convertía en una odisea, por lo que la única vía rápida era el ‘despido express’ que tenía un coste de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. La cifra final del despido era desorbitada, por lo que a veces se hacía inviable echar a la calle a ese trabajador improductivo, evitando a la vez que su puesto lo ocupase otro más preparado, con ganas de trabajar y que mejoraría la productividad de la empresa. Por lo tanto, mientras que una persona sin ganas de trabajar estaba con empleo, otra con mayor formación y deseando encontrar un puesto de trabajo estaba parada.

Además, la reducción de la indemnización por despido ayudará a eliminar la aversión a contratar que tienen muchos empresarios. Por un lado el gestor contratará sin miedo, puesto que si el nuevo trabajador no aporta lo esperado podrá ser sustituido o despedido sin más. Por otra parte, todos los trabajadores se verán obligados cumplir con sus obligaciones y tareas si quieren continuar en la empresa. Con este aspecto hay que tener cuidado, porque el despido más barato no puede convertirse en una excusa para explotar al trabajador o usarlo como amenaza.

Otro de los puntos que considerados clave como he señalado arriba es el de la flexibilidad interna. La flexibilidad dentro de la empresa puede ser uno de las medidas que más ayude e evitar la destrucción masiva de empleo. Se trata simplemente de adecuar los salarios y las horas de trabajo a la demanda existente, en un momento puntual, de los bienes y servicios producidos por la empresa. Con este sistema se evitan los ajustes por cantidad (despidos) a cambio de ajustes por precio (salarios y horas de trabajo).

Para conseguir esto había que descentralizar la negociación colectiva y que el convenio de empresa cobrase más importancia. De este modo se acaba con la ultraactividad de los convenios, es decir, la permanencia de un convenio desfasado por el no acuerdo de las partes. Si una empresa ve disminuir sus ingresos durante tres trimestres consecutivos podrá ignorar el resto de convenios. Por tanto tendrá la competencia de manipular salarios y reducir jornadas hasta adecuarlas a la actividad puntual del momento.

También sería importante indexar parte del salario a los beneficios de la empresa y desligarlos de la inflación para evitar una espiral inflacionista precios-salarios. Esto es algo que no se contempla en la reforma laboral, pero que algunas empresas lo aplican ya. Si una compañía tiene unos resultados satisfactorios es lógico que sus empleados reciban una parte de ese éxito. Por el contrario, cuando las cosas no van bien y la empresa no tiene beneficios o incluso entra en pérdidas los asalariados percibirán el salario base, sin la prima por los beneficios. En España la empresa francesa dedicada a la venta minorista de material deportivo Decathlon remunera a sus trabajadores con el siguiente sistema: una parte fija que se cobra siempre, un 15% de esa cifra fija que se suma si la sección en la que trabaja el asalariado consigue unos buenos números y un 5% más de la cifra fija que depende de las ventas de la tienda en su conjunto.

Antes de presentarse el proyecto de la reforma se especulaba con la aparición del contrato único, una propuesta hecha por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Este contrato pretendería acabar con la gran desigualdad entre los trabajadores indefinidos o fijos y los temporales o definidos. Y es que, cada vez que el ciclo económico es recesivo son los trabajadores temporales los que sufren el mayor impacto, son los elegidos para salir de la empresa por los mínimos costes de despido que tienen (9 día por año trabajado). FEDEA propone un contrato único y fijo cuya indemnización por despido sea creciente, el primer año la indemnización sería de 12 días de salario y cada año se iría incrementando esta cifra hasta alcanzar los 36 días a los 12 años en la empresa. En la reforma laboral no han impuesto este tipo contrato, aún siguen existiendo varios temporales, aunque es cierto que han reducido esta desigualdad  vía reducción de la indemnización de los trabajadores fijo.

Aunque es cierto que la reforma laboral era necesaria, tiene algún que otro punto que puede ser mal utilizado por los empresarios, para sacar provecho en beneficio propio. Como dice Miguel Ángel García (Responsable del Gabinete Económico de C.C.O.O.) “se abre la posibilidad de que un empresario con amplios beneficios puede despedir a una parte de su plantilla por el mero hecho de reducir un 1% los ingresos”. Por eso es importante tener en cuenta que esta reforma laboral toma las medidas que son adecuadas para el momento que estamos viviendo ahora y que desgraciadamente seguiremos viviendo a corto y medio plazo. Pero si en un futuro las empresas españolas vuelven a ser productivas y competitivas; reinvierten sus beneficios en tecnología y mejoras varias, en lugar de distribuirlos; y los grandes beneficios vuelven, el contexto será diferente y habrá que programar una nueva reforma que se adapte a los nuevos tiempos.

Por Vicente Nieves Hernández

Comercio exterior: China y Japón

Las bodegas españolas se abren paso en el mercado asiático

Las etiquetas de los vinos españoles comienzan a escribirse también en caracteres chinos. Y es que el consumo del gigante asiático continúa creciendo  por encima del PIB lo que unido a su progresiva apertura comercial ha provocado que el sector vitivinícola ponga sus ojos en él. 

España se ha convertido ya en el quinto exportador de este producto en un país donde su consumo es cada día más habitual y se considera, de hecho, una bebida de moda asociada a un alto nivel de vida. Prefieren las variedades tintas, especialmente Cabernet o Merlot, y miran al detalle el diseño de botellas y etiquetas, puesto que los colores que más gustan allí son los dorados y rojos. Criterios a tener en cuenta para aquellos empresarios que apuesten por desembarcar en el continente asiático; pautas que se suman a la larga lista de consejos que los expertos en comercio exterior ofrecen para conseguir la difícil cuadratura del círculo.

China es para el vino un mercado relativamente reducido, aunque de alto potencial. El 90 por ciento del producto es elaborado localmente por los grandes embotelladores chinos que compran vino a granel de Chile, España y otros países. Sin embargo, ese 10 por ciento de cuota de mercado restante es la que ocupan los vinos embotellados importados, entre ellos, los españoles. Un segmento importante que presenta  “posibilidades reales de crecimiento en los próximos años, tanto para los importadores líderes como para los recién llegados”, explica Marisa Flores, directora del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) en Asia.

Las importaciones de las bodegas españolas han crecido un 105% en el último año en un mercado altamente competitivo y sólo apto para aquellas empresas con experiencia exportadora sólida y recursos para realizar apuestas a largo plazo. El bagaje comercial previo se convierte así en el primer requisito para introducirse con garantías en el complejo mercado chino. “Al no responder aún a los patrones de un mercado maduro e informado sobre precios, variedades y calidades, las empresas que estén pensando iniciar etapas expansivas de sus negocios no deben contemplar China como primer destino exportador”, señala Ignacio Mezquita, Consejero Comercial de la Embajada de España en Pekín.

La aventura asiática debe tomarse como una carrera de fondo. Desde el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) apuntan que la clave del éxito pasa, en segundo lugar, por trazar proyectos de negocio siempre para el medio y largo plazo. “Hay muchos importadores de vino que fracasan al cabo de tres años de aventura, manteniéndose solo fieles algunos como Bodegas Torres o  Félix Solís, por su paciencia”, apuntaba Dan Siebers, director de “Summergate Wines” durante la última edición de la Feria Internacional del Vino (Fenavin), la más importante del sector en España.

A pesar de que las ventas de los vinos españoles se concentran en la actualidad en torno a Pekín y Shanghai, los expertos recomiendan conquistar ciudades más pequeñas, como otra de las herramientas esenciales para abrirse un hueco en el mercado. “Existen muchas oportunidades sin explotar en redes de distribución de ciudades secundarias, pues los importadores no llegan a todos los núcleos e, incluso, dentro de mercados poco desarrollados en China como el ecológico”, subraya Marisa Flores.

Con todo, exportar vino a China no parece hacienda fácil. De hecho, hay dos mercados  del vino bien diferenciados: uno visible, el de restaurantes y supermercados, que apenas representa el 2 por ciento del mercado; y el invisible, que representa una cuota importante pero en el que resulta muy costoso penetrar, porque está basado en las relaciones interpersonales: regalos entre empresas, de particulares, etc.

A ello hay que unir en los últimos años los peligros del mercado de vinos de imitación. Éste está en pleno auge y, como consecuencia, registra un fuerte incremento del número de productores de falsificaciones vitivinícolas.  Ante esto, el Consejero Comercial de la Embajada en Pekín reclama la importancia de la marca. “Es necesario conseguir el reconocimiento nacional, creando una marca para el mercado chino, o explotar el reconocimiento de una determinada marca internacionalmente”, matiza.

LA EXPERIENCIA JAPONESA

España, durante el pasado año se convirtió en el cuarto país importador de vino a Japón por volumen, con una cuota de mercado del 10%. Cifras que reflejan que la imagen de los vinos españoles ha cambiado y, poco a poco, se está introduciendo con más fuerza en el mercado japonés, como lo demuestra el crecimiento que han experimentado las importaciones desde el año 2000.

“Ha habido un crecimiento de la percepción que los japoneses tienen de España como productor de vino. Vinos de buena relación calidad-precio, entre 800-1-500 yenes (7y 12 euros), aunque predominan los vinos baratos de menos de 600 yenes (5euros)”, explica Chieko Konagaya, analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio.

Los vinos españoles se venden sobre todo en los supermercados (primer canal de distribución) y en las llamadas tiendas de descuentos, muy extendidas en el país asiático, que ofrecen botellas a precios muy asequibles. Frente a ellos, se encuentran los vinos franceses que, preferentemente se comercializan en tiendas especializadas y predominan en sus variedades Bordeaux y Bourgogne.

El principal problema que encuentran aún las bodegas españolas para asentarse en Japón es el bajo precio de los vinos al existir una fuerte presión a la baja en el precio por parte de los mayoristas nipones. Por otra parte, se da mucha importancia a las relaciones humanas y a la fidelidad en las relaciones comerciales, lo que conlleva a que la toma de decisiones sea lenta.

 Para sortear estos inconvenientes, Chieko Konagaya recomienda a los bodegueros españoles que participen en ferias sectoriales como Foodex o Spain Gourmet, dirigidas a importadores especializados en vinos y/o especializados en venta por Internet. Es en éste último escaparate donde más posibilidades se abren para los empresarios que quieran vender sus vinos en Japón. De hecho, la comercialización de botellas de vino por la red ha crecido exponencialmente en los últimos años en ciudades como Osaka o Tokio.

La analista de mercado de la oficina Económica de la Embajada en Tokio deja un último consejo: innovar permanentemente el producto. "A los japoneses nos gusta cambiar de vino, por eso nuestras compras, salvo excepciones, son en pequeñas cantidades y ante ello, el bodeguero debe introducir siempre pequeños cambios", subraya Chielo Konayaga.

Con todo, las cifras de negocio y el volumen de exportaciones demuestran que las experiencias comerciales de las bodegas españolas en China y Japón no sólo son una moda pasajera.

Por David Centellas

La tasa a las transacciones financieras se aleja de Europa

La propuesta de la Comisión Europea de tasar con un 0,1% las transacciones con acciones y bonos, y con un 0,01% las operaciones con derivados en el ámbito de los 27 países de la Unión Europea, podría no aplicarse ni siquiera en la Eurozona. Según el planteamiento de la Comisión Europea, la tasa permitiría recaudar más de 81.000 millones de euros en el periodo comprendido entre 2014 y 2020. De esta cantidad, dos tercios (unos 54.000 millones) se destinarían al presupuesto de la UE, mientras que el otro tercio, cerca de 27.000 millones, engrosaría las arcas nacionales. La Comisión Europea aseguró que esta iniciativa supondría una reducción del 50% en las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto de la Unión. En el caso español, esta tasa reduciría su contribución al presupuesto comunitario en 4.741 millones de euros en 2020, lo que supone casi la mitad de los fondos que aporta.

Países como Alemania, Francia y España se mostraron a favor de implicar al sistema financiero en el panorama de crisis económica que azota a la mayoría de los vecinos europeos. Para sus defensores, la aplicación de la tasa enviaría una señal a los mercados, que deben contribuir a la recuperación económica, y no sólo los ciudadanos, a través de la reducción en los beneficios sociales y un aumento de los impuestos. Pero el principal escollo en el debate de aplicación de la más comúnmente conocida como ‘tasa Robin’ es que el sector financiero podría eludir su obligación de soportar el impuesto, trasladando este coste a los pensionistas. Es por ello que para los detractores de esta iniciativa, se trata del impuesto “más perjudicial para los contribuyentes que podría inventarse”.

Otro punto de inflexión es su puesta en marcha, ya que la Comisión Europea advirtió de la difícil aplicación simultánea en los 27 países de la UE, y planteó la posibilidad de implantarla primeramente en la zona del euro.Una propuesta que no gustó a algunos vecinos miembro, que temen una deslocalización de la industria financiera fuera de la Eurozona, lo que supondría un impacto negativo en el crecimiento económico y la creación de empleo. Además, esta “implantación parcial” incrementaría los costes de financiación, incluidos los de la deuda pública, y agravaría a su vez los problemas de liquidez. Se trata, por tanto, de lo que algunos países denominan como la “teoría del todo o nada”, o se aplica en la totalidad de los vecinos miembro, o se descarta la iniciativa.

Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países miembro que participan en el Ecofin estudian otras alternativas, como el llamado "stamp duty", que aplica actualmente Reino Unido a algunas transacciones, y también el "impuesto sobre actividades", una tasa que ya aplican otros países de la UE.


Por Jennifer Zaldo

Las políticas fiscales latinoamericanas y la desigualdad

Una de las principales características de los aparatos impositivos latinoamericanos es la regresividad de sus impuestos: la estructura de los sistemas hacen que se conviertan en una herramienta que ensancha la desigualdad en lugar de combatirla. Esta tendencia, que es todo lo opuesto a lo que persigue un sistema impositivo moderno, es lo que se desprende del análisis de indicadores como el índice de Gini antes y después de la intervención de los Estados a través de la política fiscal (ver gráfico).

Como reflejan los datos, en tres países de América Latina la desigualdad aumenta tras la intervención de los Estados en la distribución de la renta mediante la imposición y la aplicación de políticas de gasto público; mientras que en Europa ocurre todo lo contrario.

 Aunque la selección incluida en este gráfico es de sólo tres países latinoamericanos, la información de que se dispone indica que esta realidad se extiende a toda la región, incluyendo al Caribe.

Desde el mundo desarrollado esto se puede ver como uno de los absurdos más grandes de las políticas públicas latinoamericanas.  Sin embargo, a la vez es un fenómeno muy complejo y con una enmarañada gama de causas de distintas índole (económicas, culturales, estructurales…) que han sido identificadas por muchos estudios.  

La regresividad de los impuestos es, quizás, el tema sobre el que últimamente más han teorizado los economistas y planificadores sociales de los organismos que se dedican al estudio de la economía de la región. Sin embargo, la existencia de tanta literatura en torno a esta realidad no ha simplificado las respuestas. Al contrario, mientras más se estudia el tema, más complicado se vislumbra, sobre todo cuando se hace referencia a la viabilidad de aplicar las medidas que recomiendan organismos como la CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

Éste continúa siendo el primer gran reto de América Latina en el siglo XXI, que si bien, en términos generales, se inició en la región con cifras aceptables de crecimiento económico, no servirá de mucho en términos de desarrollo si este crecimiento no va acompañado de políticas redistributivas que contribuyan a generar niveles aceptables de bienestar para la mayoría de la población.

Los expertos, que con mucha frecuencia difieren en algunos puntos sobre el diseño de las políticas públicas, están de acuerdo en que es preciso rediseñar los sistemas impositivos y adecuarlos a las tendencias de la economía moderna. Esto implicará el fortalecimiento de la recaudación a través de los impuestos a la renta, la riqueza y los beneficios, en lugar de tener como primera fuente de ingresos públicos los impuestos sobre el consumo.

Pero esos expertos son técnicos, no líderes políticos. Aunque diseñen propuestas, no tienen la capacidad para decidir su aplicación, y aquí es donde nos tocamos de frente con la falta de voluntad política para emprender seriamente estas reformas, que en ocasiones tiene que ver con el temor a la pérdida del voto de una parte de su electorado muy favorecido por estos patrones de desigualdad. Así surge una barrera muy difícil de salvar. Sobre todo porque los pueblos latinoamericanos están acostumbrados a que las políticas públicas estén mal orientadas y, desde tiempos coloniales, se asocian los tributos a medidas puramente coercitivas y no y no a una responsabilidad adquirida voluntariamente en un contrato social. Es, por tanto, necesario revertir muchos patrones culturales y de desconfianza en los estados, así como mejorar el funcionamiento de las instituciones en ámbitos como el de la democracia y la transparencia, para lograr un consenso del que resulten cambios importantes en los sistemas tributarios que contribuyan al sostenimiento de políticas públicas que reduzcan los niveles de desigualdad. 

Por Lery Laura Piña

Eurovegas sí o sí

En el momento que estamos, saber cómo asumir la decisión de la implantación de Eurovegas es algo que da y dará, hasta su inauguración, de qué hablar entre los madrileños. Opiniones positivas y otras tantas negativas, pero ¿cuáles son los razonamientos que sostienen cada una de las visiones y por qué?

250.000 puestos de trabajo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha peleado mucho por conseguir que Sheldon Adelson, el magnate norteamericano que quería construir una recreación de las Vegas en terreno europeo, se decantase por realizar esta operación en Madrid. Tras meses de negociación, el pasado viernes 8 de febrero, premio: Eurovegas se va a Alcorcón.

El motivo que se ha dado desde el Gobierno de la Comunidad es la suma de dinero que va a significar para la Comunidad y la creación de muchos puestos de trabajo para los habitantes de la misma. Sin embargo, ¿quién nos asegura que esos puestos de trabajo vayan a ser para españoles? Lo promete el mismo Gobierno que está siendo investigado en la trama Gürtel. ¿Por qué hay que creérselo? Por un lado, según publicó el pasado 11 de febrero Financialred.com, el propósito de Adelson es hacer todo lo posible por modificar la ley de extranjería para facilitar el permiso de trabajo a extranjeros, lo cual ya está solicitado; y además, quiere flexibilizar el estatuto de trabajadores. La petición de ambas condiciones hace temblar la confianza en el proyecto por parte de los españoles.

Por otro lado, el beneficio que sacamos los españoles, según el Gobierno, son las grandes cantidades que dejarán los visitantes extranjeros. Sin embargo, si extrapolamos la situación del centro de juego instalado por Las Vegas Sand Corp. en Macao, se observa que se han instalado autobuses que van desde el mismo aeropuerto hasta el casino, por lo que los visitantes no pisan el centro de la ciudad y todo el dinero queda concentrado en la compañía de origen norteamericana. De ahí que Deutsche Bank, una de las entidades bancarias alemanas con más peso, afirmase que es un negocio en el que se prevé un retorno por encima del 20% de su inversión. También reconoce el proyecto del riesgo de Adelson.

Vale todo

El mismo día en que se publicase la noticia de la firma de Eurovegas, miembros del partido de IU salieron a manifestarse en la Puerta del Sol de Madrid por la indignación que causó saber que se van a construir Centros Integrados de Desarrollo, ocupados únicamente por este macrocomplejo. Esto significa, en otras palabras, que se va a crear un “Estado de excepción” con otras normas fiscales, medioambientales, laborales y económicas. Para salir de la crisis, el Gobierno español, va a aceptar las condiciones propuestas por Las Vegas Sand Corp., basadas en la reducción del porcentaje de cotización del régimen del juego de un 45% máximo fijado en 2012 a un 10% como porcentaje único en 2013, y se modificará la ley del tabaco para permitir fumar en este centro de juego. Llama la atención cómo los ciudadanos españoles que no llegan a fin de mes tienen que acatar la subida de impuestos implantada por el Gobierno, y a un empresario estadounidense, con un patrimonio de 25.000 millones de dólares, se le crea un pequeño “paraíso fiscal” para los beneficios que va a recibir de una inversión insignificante en comparación con su patrimonio: la inversión de Adelson no llegará a los 6.000 millones de dólares ya que, como anunció Ignacio González, Las Vegas Sand Corp. sólo pondrá un tercio de la inversión. Por tanto, hacen falta inversores pero, viendo la situación económica de la banca de España, parece bastante improbable que exista solvencia económica suficiente como para llevar hacia delante el proyecto.

Sin embargo, según avanzaba Vozpopuli.com el pasado 13 de febrero, Adelson ha decidido rebajar la cantidad de la inversión que iba a llevar a cabo en un principio a casi la mitad de lo anunciado en un primer momento, o lo que es lo mismo, de 6.000 millones de dólares a 3.000 millones. Para ser un proyecto por el que la Comunidad de Madrid, junto a la compañía de las Vegas, prometía la construcción 260.000 puesto de trabajo, nadie se decanta por terminar de llevarlo a cabo.

Alcorcón

La democracia y la residencia del poder en el pueblo quedan retratadas cuando se trata de un gobierno con mayoría absoluta. Los habitantes de Alcorcón no han recibido la oportunidad, ya sea vía referéndum o cualquier otra vía de participación ciudadana, de decidir si es lo que quieren para las 750 hectáreas que ocupan el terreno de su localidad. Esta falta de comunicación con la sociedad acaba mermando los intereses de la población en temas políticos y, en consecuencia, acaba provocando en descontento y enfrentamiento de los españoles con las instituciones que lo gobiernan. 

Nadie sabe si las personas que viven en Alcorcón están dispuestas a convivir con lo que un negocio de esas dimensiones acaba desarrollando -un alto grado de prostitución, drogas, mafias- porque no se le ha preguntado. ¿Hasta dónde tenemos que permitir que el Gobierno tenga potestad para manejar asuntos sobre los cuales, como pueblo soberano, deberíamos tener decisión?

Por David Galán

El rumbo incierto de Iberia

El dinero no tiene patria. Si acaso, busca su residencia allí donde la presión fiscal lo retiene menos. Mientras no se establece, el dinero se mueve y, a veces, se acurruca en un bolsillo y se esfuma hasta que una mano inquisidora le da la vuelta al abrigo del año pasado y caen las monedas como en el premio gordo de las tragaperras.

Precisamente, en premio gordo para British Airways se habría convertido la caja de Iberia, según denuncian los colectivos de protesta (SEPLA, CCOO y UGT) ante el viraje que ha dado la compañía desde su fusión con la británica en 2009. Desmantelamiento, expolio y saqueo son palabras recurrentes y muy socorridas a la hora de explicar las causas del ajuste para la reducción de costes y su temida "reestructuración de plantilla". Tras meses de negociación infructuosa con los sindicatos, intervención de laudo gubernamental incluida, el acuerdo parece desvanecerse y se anuncia la posible aplicación del popularmente conocido como "Plan duro", anunciado por Iberia el pasado 9 de noviembre. Este plan, que los sindicatos han intentado reblandecer, incluye la supresión de 4.500 puestos de trabajo y la eliminación definitiva de rutas como La Habana, Montevideo, Puerto Rico, Santo Domingo, Berlín o Estambul. La noticia se suma a un permanente goteo de informaciones periodísticas rigurosas pero insuficientes si uno quiere sumergirse hasta el fondo del desaguisado. Un holding, un consejero delegado de origen irlandés, un gobierno -el español- y su ministra de Fomento, un árbitro, una página de filtraciones al más puro estilo Assange y hasta una tabacalera son algunas de las piezas que arroja el intrincado puzzle del caso Iberia. Para entender cómo encajan y se relacionan todos estos agentes hace falta viajar atrás en el tiempo, ruta que, ahora mismo, Iberia no conquistaría en el mercado aéreo.

Las relaciones formales de British Airways e Iberia se remontan a 1999, año en que la británica obtiene el 10% de las acciones de la española y entra en ella con dos consejeros. La creación de este núcleo duro con su nuevo socio industrial tiene, según Justo Peral, jefe del SEPLA (Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas), una consecuencia fatal: el entorpecimiento deliberado de sus inversiones. Peral, entrevistado por César Vidal en Libertad Digital el pasado 5 de diciembre, aseguró que desde la entrada de British en Iberia, la compañía británica "se dedica a parar cualquier inversión de Iberia para que Iberia genere una caja importante". Existiera o no premeditación por el acopio de beneficios, el interés de British por Iberia se cristaliza en la OPA lanzada por TPG en 2007, a la que se une la compañía británica, a  3,6 euros en efectivo por cada acción de la aerolínea española, lo que la valoraba en 3.400 millones de euros. El éxito de la oferta habría colocado en las manos de TPG y British Airways el 49% de Iberia. Su fracaso fue atribuido por el consorcio al Gobierno español, presuntamente detrás de una repentina escalada de posiciones de Caja Madrid, que adquirió los paquetes en la aerolínea de BBVA y Logista, echando por tierra la OPA. Por entonces, Iberia acumulaba 3.004 millones de euros de caja.

El calentamiento de las redes

El 9 de julio de 2009, el por entonces presidente de Iberia, Fernando Conte, dimitía de su cargo, oficialmente por "motivos personales" y, según Justo Peral, por su reticencia a firmar los "escandalosos" acuerdos de fusión con British. Fue sustituido por Antonio Vázquez Romero, cuyo perfil de Wikipedia incluía hace cinco días, además de su afición por la ópera, lo siguiente:  "Y será el responsable de la venta de Iberia a British Airways y del futuro de los trabajadores y familias de Iberia. Así como de perder la compañía insignia de aviación española para cedérsela a los ingleses, asumiendo nosotros la deuda de la británica."  Esta profecía incrustada y eliminada a las pocas horas de su aparición espontánea  refleja los malos humos digitales que se respiran entre uno y otro bando: el favorable a la imagen de la compañía y la versión contraria representada por el SEPLA y la enigmática plataforma Iberia Leaks cuyo objetivo es la filtración de documentos que comprometan las actuaciones de Iberia. Una de sus últimas informaciones desvela el origen común en DigitalSeed y Tinkle (empresas que prestan servicios de comunicación y marketig a Iberia) de una serie de páginas web, supuestamente independientes, como la plataforma TodosconIberia por la defensa de la "fusión entre iguales" y Pilotosdeluxe, que atribuye a los sueldos de los pilotos una supuesta deuda de Iberia.

Agujeros sospechosos

Pero la deuda es presunta y su atribución muy relativa. British Airways presentaba en 2010 un déficit en su fondo de pensiones de 3.750 millones de euros. A este agujero negro atribuye el SEPLA el fatal destino de los activos de Iberia en perjuicio de sus propios trabajadores. Expertos consultados por el Diario ABC, en un artículo de diciembre de 2012, vaticinaban la desaparición de Iberia para 2016 y urgían a la revisión de los acuerdos de fusión firmados con British Airways entre 2008 y 2010. Además, ponían de manifiesto la ironía del acuerdo "entre iguales" puesto que los mercados de Iberia y BA nunca han sido independientes y, por tanto, no pueden convivir sin competir o fagocitarse el uno al otro. Esta asimilación parece estar resolviéndose en favor de British Airways, que desde la firma de los acuerdos de fusión ha pasado de las pérdidas a los beneficios en una vuelta de tuerca escandalosamente ostensible.

IAG o International Airlines Group es la compañía surgida en abril de 2010 como resultado del holding creado por British Airways e Iberia. Presidida por Antonio Vázquez - también presidente de Iberia- es, no obstante, su consejero delegado Willie Walsh, jefe supremo de British Airways, la figura más mediática por sus salidas de tono y pulsos mal disimulados con el gobierno español. En declaraciones concedidas al británico The Telegraph  y publicadas el pasado noviembre, Walsh afirmaba, refiriéndose a los recortes de personal en Iberia y en clara alusión a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que hacía mucho tiempo que no pedía permiso a su madre para hacer nada. "¿Quién me va a parar?" Se preguntaba Walsh en un arranque retórico. "Tenemos opciones disponibles para tomar medidas sin acuerdo".

Paradójicamente, la reforma laboral promulgada por el gobierno de Mariano Rajoy favorece los planes de reestructuración de IAG para Iberia. Los despidos se solventarían con indemnizaciones de 20 días por año trabajado y sin superar las 12 mensualidades.

Psicosis laboral

Los números y los agujeros negros por los que se cuelan son, al final, las armas arrojadizas en un conflicto de intereses bajo el que subyacen personas. Más de 3.000 empleados se ven ya en la calle y el resto sufrirán una pérdida de derechos apoyada en la última reforma laboral aprobada por el gobierno español.

El ambiente laboral es inflamable. Beatriz (nombre ficticio) es sobrecargo de vuelo y supera la cincuentena. Sabe que está en la cuerda floja. Casi no se cree la última noticia que ha recibido acerca del despido de un compañero tras la denuncia de una auxiliar de vuelo por llevarse una botella de vino de un hotel. "Lo que antes constituía una falta, ahora es motivo de despido inmediato", afirma. Es más, en la última reunión anual de sobrecargos con la Junta Directiva de Control, los convocados recibieron la sutil advertencia de que "aquí sobra gente". "Dicen que hemos bajado en los controles de calidad y no nos podemos permitir nada por debajo de la excelencia -explica Beatriz-. Así que nos incitan a denunciar cualquier falta que veamos".

Lozano vs sindicatos

A Rafael Sánchez Lozano, consejero delegado de Iberia y de British Airways desde 2009, le ha tocado tramitar las negociaciones con los sindicatos. Cobra 21 veces más que el salario del trabajador medio y recibe instrucciones directas de IAG, aunque la prensa personifica las órdenes del consejo en un único y omnipotente Willie Walsh.

Además de los 4.500 despidos, que suponen el 23% de la plantilla de Iberia, y de la rebaja salarial de entre el 30 y el 35%, IAG pretende la disminución de capacidad de hasta el 15% con la supresión de 25 aeronaves. "El objetivo es imponer niveles salariales de mileuristas a los nuevos contratados y amortizar con un ERE los ingresos más elevados, de manera que el salario anual promedio en Iberia baje del nivel actual de 45.000 euros a 30.000." publicaba El Diario, el pasado 1 de enero. Tres meses antes, en octubre de 2012, El País informaba sobre una auto-subida de la cúpula de IAG del 56% de sus sueldos.

Cuesta encontrar una sola cesión por parte de British Airways desde la que aún se presenta como una fusión "entre iguales". Pero aún resulta más difícil entender los motivos que podrían haber llevado a la Junta Directiva de Iberia a firmar un acuerdo que pondría en peligro a la compañía y a la posición estratégica del mercado aéreo español. Justo Peral dice tener "una opinión" al respecto que, sin embargo, se reserva. No obstante, recuerda que Vázquez llevó a cabo la misma operación en la Tabacalera Altadis, vendida en 2006 a la británica Imperial Tobacco. En aquella ocasión, se perdieron 794 puestos de trabajo.

"Nos han vendido a piratas" rezaban algunas de las pancartas de los contados trabajadores de Iberia que se han atrevido a protestar a cara descubierta en Fitur y ante la sede de la compañía pese a la amenaza de despido. El símil es ingenioso pero resulta insuficiente. Atrás quedan los tiempos de la honorabilidad corsaria al servicio de la corona. Hoy los expolios se firman, y el dinero, más globalizado, no tiene patria, salvo la del bolsillo individual.



Por Laura Cano