Las políticas fiscales latinoamericanas y la desigualdad

Una de las principales características de los aparatos impositivos latinoamericanos es la regresividad de sus impuestos: la estructura de los sistemas hacen que se conviertan en una herramienta que ensancha la desigualdad en lugar de combatirla. Esta tendencia, que es todo lo opuesto a lo que persigue un sistema impositivo moderno, es lo que se desprende del análisis de indicadores como el índice de Gini antes y después de la intervención de los Estados a través de la política fiscal (ver gráfico).

Como reflejan los datos, en tres países de América Latina la desigualdad aumenta tras la intervención de los Estados en la distribución de la renta mediante la imposición y la aplicación de políticas de gasto público; mientras que en Europa ocurre todo lo contrario.

 Aunque la selección incluida en este gráfico es de sólo tres países latinoamericanos, la información de que se dispone indica que esta realidad se extiende a toda la región, incluyendo al Caribe.

Desde el mundo desarrollado esto se puede ver como uno de los absurdos más grandes de las políticas públicas latinoamericanas.  Sin embargo, a la vez es un fenómeno muy complejo y con una enmarañada gama de causas de distintas índole (económicas, culturales, estructurales…) que han sido identificadas por muchos estudios.  

La regresividad de los impuestos es, quizás, el tema sobre el que últimamente más han teorizado los economistas y planificadores sociales de los organismos que se dedican al estudio de la economía de la región. Sin embargo, la existencia de tanta literatura en torno a esta realidad no ha simplificado las respuestas. Al contrario, mientras más se estudia el tema, más complicado se vislumbra, sobre todo cuando se hace referencia a la viabilidad de aplicar las medidas que recomiendan organismos como la CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

Éste continúa siendo el primer gran reto de América Latina en el siglo XXI, que si bien, en términos generales, se inició en la región con cifras aceptables de crecimiento económico, no servirá de mucho en términos de desarrollo si este crecimiento no va acompañado de políticas redistributivas que contribuyan a generar niveles aceptables de bienestar para la mayoría de la población.

Los expertos, que con mucha frecuencia difieren en algunos puntos sobre el diseño de las políticas públicas, están de acuerdo en que es preciso rediseñar los sistemas impositivos y adecuarlos a las tendencias de la economía moderna. Esto implicará el fortalecimiento de la recaudación a través de los impuestos a la renta, la riqueza y los beneficios, en lugar de tener como primera fuente de ingresos públicos los impuestos sobre el consumo.

Pero esos expertos son técnicos, no líderes políticos. Aunque diseñen propuestas, no tienen la capacidad para decidir su aplicación, y aquí es donde nos tocamos de frente con la falta de voluntad política para emprender seriamente estas reformas, que en ocasiones tiene que ver con el temor a la pérdida del voto de una parte de su electorado muy favorecido por estos patrones de desigualdad. Así surge una barrera muy difícil de salvar. Sobre todo porque los pueblos latinoamericanos están acostumbrados a que las políticas públicas estén mal orientadas y, desde tiempos coloniales, se asocian los tributos a medidas puramente coercitivas y no y no a una responsabilidad adquirida voluntariamente en un contrato social. Es, por tanto, necesario revertir muchos patrones culturales y de desconfianza en los estados, así como mejorar el funcionamiento de las instituciones en ámbitos como el de la democracia y la transparencia, para lograr un consenso del que resulten cambios importantes en los sistemas tributarios que contribuyan al sostenimiento de políticas públicas que reduzcan los niveles de desigualdad. 

Por Lery Laura Piña