La propuesta de la Comisión
Europea de tasar con un 0,1% las transacciones con acciones y bonos, y con un
0,01% las operaciones con derivados en el ámbito de los 27 países de la Unión
Europea, podría no aplicarse ni siquiera en la Eurozona. Según el planteamiento de la
Comisión Europea, la tasa permitiría recaudar más de 81.000 millones de euros
en el periodo comprendido entre 2014 y 2020. De esta cantidad, dos tercios
(unos 54.000 millones) se destinarían al presupuesto de la UE, mientras que el
otro tercio, cerca de 27.000 millones, engrosaría las arcas nacionales. La
Comisión Europea aseguró que esta iniciativa supondría una reducción del 50% en
las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto de la Unión. En
el caso español, esta tasa reduciría su contribución al presupuesto comunitario
en 4.741 millones de euros en 2020, lo que supone casi la mitad de los fondos
que aporta.
Países como Alemania, Francia y
España se mostraron a favor de implicar al sistema financiero en el panorama de
crisis económica que azota a la mayoría de los vecinos europeos. Para sus
defensores, la aplicación de la tasa enviaría una señal a los mercados, que
deben contribuir a la recuperación económica, y no sólo los ciudadanos, a
través de la reducción en los beneficios sociales y un aumento de los
impuestos. Pero el principal escollo en el debate de aplicación de la más
comúnmente conocida como ‘tasa Robin’ es que el sector financiero podría eludir
su obligación de soportar el impuesto, trasladando este coste a los
pensionistas. Es por ello que para los detractores de esta iniciativa, se trata
del impuesto “más perjudicial para los contribuyentes que podría inventarse”.
Otro punto de inflexión es su puesta en marcha, ya que la Comisión
Europea advirtió de la difícil aplicación simultánea en los 27 países de la UE,
y planteó la posibilidad de implantarla primeramente en la zona del euro.Una propuesta que no gustó a
algunos vecinos miembro, que temen una deslocalización de la industria
financiera fuera de la Eurozona, lo que supondría un impacto negativo en el
crecimiento económico y la creación de empleo. Además, esta “implantación
parcial” incrementaría los costes de financiación, incluidos los de la deuda
pública, y agravaría a su vez los problemas de liquidez. Se trata, por
tanto, de lo que algunos países denominan como la “teoría del todo o nada”, o
se aplica en la totalidad de los vecinos miembro, o se descarta la iniciativa.
Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países
miembro que participan en el Ecofin estudian otras alternativas, como el llamado "stamp
duty", que aplica actualmente Reino Unido a algunas transacciones, y también
el "impuesto sobre actividades", una tasa que ya aplican otros países
de la UE.
Por Jennifer Zaldo
Por Jennifer Zaldo
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