sábado, 8 de enero de 2011

Invertir en tiempos de recesión

  • La rentabilidad inmobiliaria no ha dejado frutos en el modelo productivo español
  • El Ejecutivo considera la inversión privada un factor clave para la recuperación de la economía

El debate sobre la responsabilidad de los sectores inmobiliario y de construcción en la actual crisis económica, no ya a nivel mundial (el papel crucial de las hipotecas subprime estadounidenses no se discute) sino español, está sobre la mesa. La gran rentabilidad que obtuvieron hasta 2006 este tipo de empresas no se destinó a incrementar sus recursos propios o a diversificar su actividad, sino a aumentar los dividendos a repartir entre los accionistas: así, esta rentabilidad, en lugar de transformarse y alimentar el modelo productivo español, se desvaneció a partir de 2007.

Este factor se ha unido a la desaceleración de la productividad que España viene experimentando desde hace una década, y que ha influido en la disminución de la renta per cápita y de la solidez de nuestra economía.

Pero quitar peso al inmobiliario y la construcción para otorgárselo a otro sector productivo, como reclaman algunas voces, podría no ser la solución. Sin duda, hay que reformular uno de los puntos débiles del sector, la temporalidad del empleo (en su definición de tasa de población ocupada), para incidir en la estabilidad del trabajo (como representación del esfuerzo físico o mental que se realiza sobre los medios de producción para generar riquezas, producir bienes y prestar servicios). Pero la experiencia de países como EE.UU. demuestra que la clave del impulso de la productividad del capital y el trabajo no reside en realizar un cambio sectorial, sino en la adopción de políticas de intensificación de la eficiencia productiva de todos los sectores. Entre los numerosos factores que deben afrontarse para aumentar la productividad (como el fortalecimiento de la formación, la inversión en I+D+i, el fomento de modelos de empleo a largo plazo, la primacía de la exportación sobre la importación, las regulaciones de los mercados o el cambio de la mentalidad empresarial), este reportaje aborda el de la inversión en I+D+i, que en porcentaje del PIB en España se sitúa por debajo del 1,5% (niveles similares a los de Italia, Grecia o Portugal), muy lejos de los porcentajes de países como EE.UU., Japón, Finlandia o Suecia, todos ellos por encima del 2,5% del PIB.

El plan e2i
En el marco de decrecimiento constante de la competitividad, el Consejo de Ministros aprobaba el pasado 2 de julio la Estrategia Estatal de Innovación (e2i). Con esta iniciativa, el Ministerio de Ciencia e Innovación asume el ambicioso objetivo de cambiar el modelo productivo español durante el período 2010-2015 para convertirlo en un modelo sostenible, social y económicamente basado en el conocimiento y la innovación (ésta incluye actividades como adquisición de maquinaria, equipos, software y licencias, ingeniería y desarrollo, formación, marketing e investigación y desarrollo de productos o procesos de innovación). Este plan quinquenal parte de la base de cinco ejes, sobre los cuales quiere sustentar la estimulación de la innovación y la transferencia de conocimiento: un entorno financiero favorable, proyección internacional, demanda pública, capital humano y fortalecimiento de la cooperación territorial. Los medios se hicieron eco de la noticia, anunciando que la Administración General del Estado se comprometía a destinar 6.700 millones de euros a la inversión en innovación. No obstante, una de las mayores novedades en este ámbito radica en que una parte importante de esta dotación se destinará a pasar el relevo de la inversión al sector privado, claramente deficiente en España en comparación con otros países.

En efecto, el Ministerio acometerá medidas encaminadas a que sea el sector privado el se comprometa a largo plazo con la financiación de la innovación, y situará el principal papel de la Administración General del Estado en la orilla opuesta, la orilla de la demanda. Mediante políticas de compra y licitaciones públicas, reducirá el riesgo económico percibido para fomentar la inversión privada y alimentará un modelo productivo previamente revitalizado por ésta.

Una de las quejas tradicionales de la opinión pública es la insuficiencia presupuestaria pública para ciencia e innovación. Pero si atendemos a las cifras que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinan al I+D+i civil en términos generales, hay motivos para el optimismo (ver gráfico 1): entre 2005 y 2008, ha experimentado tasas de crecimiento de entre el 19 y el 34%. La crisis económica ha reducido las dotaciones en 2010 (siendo la única dotación, junto con la de infraestructuras, que disminuyó con respecto a 2009) y seguirá reduciéndolas en 2011, pero la cifra sigue siendo más del doble de la dotación que se destinó en 2005 a la innovación, y es una de las más elevadas de entre las actuaciones económicas de los PGE, sólo superada por la inversión en las infraestructuras (14.069,85 millones de euros en 2010) y en agricultura, pesca y alimentación (8.955,12 millones de euros).

Gráfico 1  Fuente: Presupuestos Generales del Estado

En cambio, la inversión privada es claramente inferior a la de otros países (ver gráfico 2). Las empresas españolas no innovadoras desconfían de la demanda que pueda generar la innovación: más de un 30% (el ratio más elevado de todos los países de la Unión Europea) cree que no es necesario invertir en innovación porque no existe demanda para ello. Por su parte, las empresas innovadoras en España apenas colaboran entre sí, siendo mayoría las que desarrollan y comercializan sus propios productos.

Gráfico 2  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tamaño vs. atractivo
En el marcador sobre innovación europea de 2006, basado en los datos de la encuesta de la innovación comunitaria, España se situaba entre los países a la cola en innovación, junto con Estonia, Italia, Malta, Hungría, Croacia y Eslovaquia (este marcador distingue entre países líderes en innovación, leaders, seguidores, followers, en desarrollo, catching-up, y a la cola, the trailing countries). Ante este panorama, la estrategia del Ministerio de Ciencia e Innovación pasa por que, en 2015, la inversión privada anual en I+D+i sea 6.000 millones de euros más elevada que en 2009. Para conseguir este objetivo, el Plan establece una serie de instrumentos: financiación bancaria, capital riesgo y fondos de inversión en investigación e innovación.

En este campo de juego también tienen su hueco las PYMEs, no en vano representan el 65% del PIB español. El secreto radica, según Dominique Barthel, Directora General de Ascri (Asociación Capital Riesgo), en que la PYME tenga un nicho de mercado y alto potencial de crecimiento, que el equipo gestor sea serio y que ofrezca una buena rentabilidad al inversor en un periodo máximo de tres a siete años. Y el mercado se mueve, el interés existe: los business angels, poco conocidos en España (la Red Española de Business Angels, Esban, contabilizaba 1.473 a finales de 2009), son figuras inversoras que invierten su patrimonio personal en start-ups, negocios incipientes cuya viabilidad aún no ha sido demostrada, partiendo de unas premisas diferentes a las de los inversores en capital riesgo (los cuales operan con márgenes de incertidumbre menores, manejando fondos que no son de su propiedad e invirtiendo en empresas más maduras). Fomentan la iniciativa y el emprendimiento (principalmente en empresas tecnológicas) aportando capital social, experiencia empresarial y una importante red de contactos.

Además, desde 2008 también en la Bolsa hay espacio para las PYMEs, un espacio supervisado por la CNMV y denominado Mercado Alternativo Bursátil para Empresas en Expansión (MAB). El MAB ajusta su regulación y exigencias a las características de las empresas de pequeño y mediano tamaño, y a cambio les ofrece la oportunidad de obtener financiación bursátil. En España, son más de 4.000 las empresas que cumplen con el perfil exigido para cotizar en el MAB, y se espera que, cuando se consolide, despertará el interés de los fondos especializados.

En conclusión, pese al momento crítico que atravesamos, es posible revitalizar la productividad mediante la adopción de medidas firmes. Una de ellas es el estímulo de la inversión, no como estrategia especulativa, como ha podido suceder en los sectores inmobiliario y de construcción, sino involucrando de lleno a la economía real y fomentando la intervención de todo tipo de actores, públicos y privados, figuras individuales y grandes instituciones, en una dinámica realista y coherente que dé forma a un modelo productivo español verdaderamente competitivo.

Innovar sí, pero ¿cómo?

Bajo el término “innovación” se reúnen actividades muy variadas que deben ser sometidas a examen para decidir cuáles son más productivas en la práctica.

La norma UNE 166000 de AENOR distingue entre innovación en tecnología (generación y puesta a punto de nuevas tecnologías en el mercado), innovación tecnológica (incorporación, en el desarrollo de un nuevo producto o proceso, de tecnologías básicas existentes y disponibles en el mercado) e innovación en la gestión (mejoras relacionadas con la forma de organizar los recursos para conseguir productos o procesos innovadores). Las actividades de innovación son: incorporación de tecnologías materiales e inmateriales, diseño industrial, equipamiento e ingeniería industrial, lanzamiento de la fabricación, comercialización de nuevos productos y procesos.

No hay que confundir innovación con investigación: la producción científica no es innovación. Tampoco lo son las campañas de marketing, ni la invención de productos sin aplicación práctica ni posibilidades comerciales. A nivel tecnológico y empresarial, la innovación se caracteriza por tres fases: identificar necesidades u oportunidades que ofrece el mercado, ser el primero en satisfacerlas y difundir comercialmente las soluciones halladas.

En este sentido, el número de patentes y la propiedad intelectual son un indicador muy potente de la capacidad innovadora de una empresa, un sector o un país, y las cifras son reveladoras: en 2008, España se encontraba en el puesto 11º en la Europa de los 27 en cuanto a solicitud de patentes, con un 2,03% del total muy alejado del 40,87% de Alemania o el 13,88% de Francia.

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta la innovación no tecnológica, que posee una vertiente cuyo impulso es vital en la actual crisis económica: llevándola más allá de los meros procesos y organización de recursos para la obtención de nuevos productos, se hace necesario desarrollar nuevos enfoques de gestión empresarial, que a larga constituirán los cimientos de la tan ansiada economía sostenible y del cambio hacia un modelo productivo más competitivo.

Por Vanessa Pombo Nartallo

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